También querría garantías de que cuando llegue a su lugar de reclusión lo echaran en gorra, como dice el rumor que ocurre. Habría que normalizar el ritual y, de ser posible, repetirlo cada cierto tiempo hasta que se cumpliera la sentencia del pervertido.
Se me ocurren incluso otras medidas, acaso más extremas. Por qué no condenarlos directamente a la silla eléctrica, pero bajo el riesgo de baja tensión o cortes abruptos en el suministro de la ANDE. O quizás torturarlos antes, con la sempiterna gota de agua en la cabeza, vendados bajo el grifo. ¿Habrá agua? ¿Se cortará la luz? En ambos casos, la incertidumbre será demoledora.
Estoy seguro de que cualquiera de estas prácticas dará satisfacción a esa necesidad natural que tenemos los seres humanos de alguna retaliación cuando se produce un crimen aberrante que nos afecta. Algo de esa sed de venganza que nos invade se aplacará cuando regresamos a los tiempos babilónicos de Hammurabi y apliquemos la Ley del Talión: “Ojo por ojo y diente por diente”.
Habremos retrocedido unos cuatro mil años en el tiempo, ciertamente, pero si ese es el objetivo, hagámoslo. Si los legisladores que plantean castración química o trabajos forzados o pena de muerte solo buscan amortizar el dolor de las víctimas y sus deudos infligiendo el mismo daño a los victimarios, o aplacar el hambre de venganza de la masa, harta de tanta delincuencia, sigamos con este mismo derrotero.
La sangre de los victimarios probablemente menguará por algún tiempo la rabia y el dolor. Pero eso será todo. No hay que engañarse. Las estadísticas a nivel mundial son dolorosamente abrumadoras. Las penas más altas pueden darnos una mayor sensación de justicia, pero no provocan un descenso en los niveles de delincuencia. La ejecución de violadores no desestimula a los violadores potenciales. El asesino no se pregunta cuántos años puede estar en prisión antes de apretar el gatillo.
Ojalá fuera así. Podríamos violar la Constitución y todos los acuerdos que suscribimos sobre derechos humanos y fusilar a todos los condenados, y ya. Solución rápida y sencilla. Pero, lamentablemente, no es así. Penas más altas no evitarán que otros sigan entrando al mundo del crimen. Debo hacer, sin embargo, una salvedad. Hay solo una forma de delincuencia en la que las penas máximas sí tuvieron un impacto notable en la reducción de los casos. Permítanme contarles.
A inicios del nuevo milenio, China era sacudida por casos de corrupción en el Estado y el partido de gobierno, dos instituciones que básicamente son la misma cosa. Abrumado ante esta realidad, el primer ministro XI Jimping endureció las condenas y se estableció la pena de muerte para cualquier funcionario que incurriera en tráfico de influencias o coimas.
Y se cumplió. Burócratas y políticos chinos pasaron a integrar la nómina de las ejecuciones que podían superar las 12.000 por año, como ocurrió en 2002. Administradores todopoderosos como Li-Hua, presidente de la gigantesca telefónica estatal China Mobile, o el ministro de comercio y alto jefe partidario Bo Xilai, apenas esquivaron un disparo en la nuca aceptando cadena perpetua.
Notablemente, en este tipo de delincuencia la posibilidad de vivir en prisión o terminar con una inyección letal sí tuvo un resultado palpable. Los niveles de corrupción estatal cayeron ostensiblemente.
Si la intención de los legisladores no es solo una medida populista y realmente pretenden reducir las tasas de delincuencia, pueden empezar con los burócratas y sus colegas. Un par de ladrones del dinero público al paredón, enrejados de por vida o con alguna amputación selectiva (la mano que se coló en la lata o el ojo que hizo la vista gorda), pueden provocar una verdadera ola de honradez, como no se ha visto en la historia. Señores diputados y senadores, está visto que la castración bien sucedida comienza por casa.
