La acuciante situación de la Caja Bancaria no es responsabilidad de la administración de turno, sino el resultado de la situación económica estructural de la misma, señala un estudio realizado por la consultora Watson y Wyatt Worldwide. Concluye que una conjunción de factores la llevó a la situación de déficit.
Ahora se agrava la situación con la resolución de una inconstitucionalidad, que evita los recortes de haberes jubilatorios aprobados en una ley para salvar a la entidad. Los jubilados piden a la Corte no conceder más resoluciones de inconstitucionalidad, porque si aumenta el déficit patrimonial de la Caja Bancaria, no se podría salvar la entidad previsional.
De acuerdo al análisis de la situación de la entidad, existen seis factores principales que llevaron a la Caja a la situación de quiebra técnica, que motivó el recorte de los haberes en busca de una recuperación de la entidad.
Según el documento, en la creación de la Caja ya se habían establecido privilegios que fueron deteriorando su patrimonio. En la primera ley se establecía que la jubilación podía ser adquirida con 15 años de servicios reconocidos y con el promedio de los últimos 30 meses de sueldo. También permitía a los excombatientes de la Guerra del Chaco duplicar los años de servicio.
Situación. Antes de la crisis financiera de 1995 había 1.500 jubilados y más de 7.500 aportantes activos (relación de cinco activos por un jubilado).
Ningún sistema previsional en ninguna parte del mundo puede subsistir con pocos aportantes y muchos beneficiados, según los técnicos. Al cierre del 2006 había 3.900 activos y 2.900 jubilados, es decir, existía una relación de 1,3 activos por cada jubilado. La relación no permitiría la subsistencia de una entidad. Por esa razón en la mayoría de los países del mundo las jubilaciones se conceden con 30 ó 40 años de servicio y entre 60 y 70 años de edad.
Crisis financiera. Con el resultado de la crisis financiera y la aplicación de la ley vigente se jubilaron más de 1.000 aportantes con 15 y 20 años de servicio y edades entre 33 y 50 años. Además, 2.000 personas retiraron sus aportes. Actualmente hay más de 1.200 jubilados en condiciones de privilegio.
Por esa situación se había modificado la ley para cortar los privilegios. Esto fue a través de la Ley 1.802. Sin embargo, más de 2.000 bancarios activos y jubilados presentaron acciones de inconstitucionalidad, con el fin de mantener los privilegios, que van en detrimento de la existencia de la entidad, según el informe. Adicionalmente, en el 2003 se presentó otro proyecto de ley que establecía 30 años de aportes y 60 años de edad para la jubilación; sin embargo, el proyecto nunca fue estudiado en el Congreso.
Conclusión. Como resultado de una intervención realizada en el 2002 por el BCP, la entidad matriz llegó a la conclusión de que la situación patrimonial y financiera de la Caja se debe a la acelerada disminución de la masa de aportantes activos y de factores exógenos, como es el caso de los jubilados por exoneración, que representan el 50% de los jubilados de la Caja, con apenas 15 años de servicio y menos de 50 años de edad.
Otro de los factores del deterioro y pocas posibilidades de recuperación de la previsional, de acuerdo a la conclusión de la consultora, es que hay una cantidad importante de personas trabajando en los bancos, a través de servicios tercerizados, que no aportan a la Caja.
Años de ventajas tienen sus secuelas
Para salvar la Caja se aprobó una ley, el año pasado, que prevé descuentos de hasta un 57% de los haberes jubilatorios totales para alargar los años de vida de la Caja Bancaria.
Esos descuentos tuvieron fuertes efectos en los jubilados, debido a que al descontar los compromisos financieros, muchos se quedaron sin cobrar nada.
De acuerdo con un informe elaborado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, 315 personas actualmente no cobran nada, 200 personas cobran de 1 a 500.000 guaraníes, 231 personas cobran de 500.000 a un millón de guaraníes, mientras que 2.075 personas tienen ingresos por encima de un millón de guaraníes.
Esta situación es la que movió a algunas personas a solicitar la inconstitucionalidad. Si lograran, temporalmente, recuperar sus haberes, la medida acelerará el proceso de quiebra de la Caja y todos quedarán sin percibir nada, indicaron.
De acuerdo con el pronóstico de los jubilados que se oponen a la inconstitucionalidad, lo que se logrará es un mayor perjuicio, debido a que si eventualmente se decidiera pasarlos a la Caja Fiscal, eso llevará su tiempo, porque se requiere de nueva ley, que tiene largo proceso.