Esto lo señaló en la plenaria del miércoles pasado, vía teleconferencia, donde se conformó una comisión integrada por los ministros Antonio Fretes, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.
Este miércoles, en la plenaria, la comisión deberá elevar un plan para la reducción de los costos, e, incluso, la reestructuración del Poder Judicial.
El Consejo de Administración Judicial es un órgano integrado por el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, los vicepresidentes Antonio Fretes y Carolina Llanes Ocampos, a más de los consejeros Alberto Martínez Franco, Roberto Torres, y Luz Antúnez.
Cada uno tiene un área. Martínez Franco es de Planificación y Desarrollo; Torres de Administración y Finanzas; y Antúnez en Auditoría y Control de la Gestión Administrativa-Financiera.
Según la página de la Corte, el CAJ coadyuva para asegurar “la independencia judicial, la eficiencia, la eficacia, la racionalización del trabajo administrativo, financiero, presupuestario, patrimonial, además de fortalecer la confiabilidad y la transparencia de la gestión institucional”.
“El funcionamiento de este órgano administrativo del Poder Judicial garantizará a los jueces de la República un mayor respaldo administrativo, oportuno y eficaz, necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.
Cada consejero tiene un promedio de salarios de 22 a 23 millones de guaraníes. Con la supresión de este órgano, el Poder Judicial se ahorraría cada año la suma de G. 893.939.904.
Fue creada por acordada 865, del 10 de diciembre del 2013, y tuvo varias acordadas que la modificaron.
Existen 16 direcciones en el Poder Judicial, según el organigrama de la Corte que se encuentra en su página web. Cada director tiene un promedio de entre 10 y 26 millones de guaraníes. La eliminación de la dirección implicaría también a funcionarios.
Redujeron los rubros de combustibles y los viáticos
En la sesión anterior, la Corte redujo varios rubros. Así, disminuyó a G. 2.500.000 mensuales los cupos de combustible de cada gabinete; eliminó los rubros de combustible extras para viajes al interior de los ministros.
Además, eliminó viáticos al exterior e interior de ministros y de su gabinetes; suspendió gastos de pasajes y viáticos al exterior para ministros, magistrados y funcionarios.
También eliminó la provisión de alimentos, salvo juicios y atención permanente. Asimismo, rubros de regalos institucionales, los vinculados a coronas exequiales y telefonía, a más de servicios de televisión por cable. Por último, la reducción a 2.000 millones de una licitación para combustibles.
