Dicho tribunal es el responsable de controlar al TSJE y otros órganos judiciales que ganaron el recurso de inconstitucionalidad para no ser auditados por la Contraloría General de la República (CGR), gracias a la mano de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aplica dicho criterio para sí misma.
RESPUESTA. Los documentos solo indican que las ejecuciones presupuestarias fueron aprobadas a través de sentencias judiciales, y justifica el pobre informe señalando que no es competencia del tribunal emitir informes de control.
“El Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo, Segunda Sala, es un organismo jurisdiccional de competencia nacional para entender en acciones contencioso administrativas. No es su competencia emitir informes de control. En el ámbito de estudio de un ejercicio financiero sometido a su competencia se avoca al análisis del ejercicio financiero solicitado por medio del cual resuelve por acuerdo y sentencia su aprobación o rechazo, conforme a acciones de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2248/2003 del 9 de octubre “Que modifica el artículo 30 de la Ley 879 - Código de Organización Judicial”, favorables a la entidad y/o responsable que solicita”, respondió la presidenta de dicho tribunal, María Celeste Jara Talavera (facsímil izquierdo).
En el facsímil de la derecha, se detalla el informe de cada uno de los acuerdos y sentencias del tribunal que aprobaron los ejercicios fiscales desde el año 2014 al 2021.
Estos acuerdos y sentencias distan mucho de las auditorías de ejecución presupuestaria que realiza la CGR, las cuales son publicadas con los detalles de observaciones sobre posibles irregularidades.
De esta manera, el sistema al que se acogen estos órganos del Estado no permite ningún tipo de política de transparencia en el manejo de dinero público, y convierte en un misterio la verdadera capacidad de control.
Reclamo. El contralor general de la República, Camilo Benítez, manifestó su disconformidad con los fallos de la Corte Suprema en este sentido. En junio del año pasado, publicó un escrito contra dichas resoluciones de la Corte, luego de que la defensora general, Lorena Segovia, logró la misma medida para evitar que la CGR audite la gestión del Ministerio de la Defensa Pública.
“¿Qué importa al funcionario público el órgano encargado del control? ¿Por qué renegaría y se sentiría indefenso un funcionario público del control de un órgano que no posee fuerza legal ni ejecutiva para sancionarlo?”, dijo.
Tras varios escándalos en su haber, como los cobros millonarios de viáticos o el de los centenares de planilleros descubiertos, la Justicia Electoral se sumó a la lista de instituciones públicas que atacaron los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248/2003 y obtuvieron de la máxima instancia judicial la potestad de no ser controladas por la CGR.
En ese entonces, año 2017, los ministros del TSJE eran Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini. Este último llegó a estar imputado y fue salvado nueve veces de pedidos de juicios políticos impulsados en su contra.
Promesas. El actual presidente del TSJE, Jorge Bogarín, manifestó en octubre del año pasado que planteará a sus pares, los ministros Bestard y César Rossel, la posibilidad de que la Contraloría vuelva a auditar a la institución.
Bogarín ya había planteado este tema cuando fue candidato a ministro, durante las audiencias públicas que realizó el Consejo de la Magistratura a los postulantes.
El 26 de setiembre del año pasado, la Contraloría pidió por nota que el TSJE autorice una auditoría. Sin embargo, el 30 de setiembre, un día después del incendio del Bloque G del TSJE, el entonces presidente del máximo órgano electoral, Jaime Bestard, rechazó el pedido, utilizando como excusa la inconstitucionalidad ganada en la Corte Suprema.