La magistrada invoca el artículo 50, inciso 13, motivos graves que afecten su imparcialidad e independencia, para inhibirse de la causa del siniestro del supermercado ocurrido el 1 de agosto del 2004.
La jueza señala que el Tribunal que ella presidía sentó postura en cuanto a la prioridad de las víctimas de recibir el pago por la reparación del daño.
Esto, alega la jueza, fue confirmado por el Tribunal de Apelación de Paraguarí del 20 de diciembre del 2021, que a su vez dispuso que se intime a la Contaduría General de los Tribunales, bajo apercibimiento de incurrir en desacato.
Aclara la jueza que se dispuso la intimación a la interventora de Contaduría, licenciada Edith Graciela Gallardo, pero la misma informó al ministro Eugenio Jiménez, y a su vez solicita la auditoría de gestión, “lo que pone en duda la correcta gestión de esta Magistratura”, lo que le afecta su imparcialidad e independencia dice Ocampo.