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La notificación vía Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, al Brasil y el Uruguay, sobre la demanda que pide indemnización por la nulidad del Tratado contra la Triple Alianza, fue dispuesta por el juez federal argentino, Dr. Enrique V. Lavie Pico.
Esto, en la demanda promovida por el Instituto Paraguayo Amigos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes (IPAN), contra Argentina, Brasil y Uruguay, por la nulidad del Tratado secreto firmado el 1 de mayo de 1865, donde se pide indemnizar al Paraguay con 150 billones de dólares.
La demanda había sido promovida en abril pasado. El magistrado rioplatense le dio trámite a la acción y corrió vista al fiscal Federal N° 5, Dr. Leonel Gómez Pardilla.
El agente federal primero pidió que se le corriera traslado de la demanda, y también que se cumpliera el trámite legal para notificar al Brasil y el Uruguay, para saber si aceptaban la competencia de los tribunales argentinos.
El juez Lavie Pico, admitió el pedido del fiscal. Ordenó librar oficios a la Procuración del Tesoro de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, en los términos en que solicitó el fiscal.
Según el Decreto-Ley 1285/58, el juez debe librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que requiera a los representantes diplomáticos del Brasil y del Uruguay si dan o no su conformidad para someterse a la jurisdicción argentina.
El abogado Eduardo Lezcano, uno de los profesionales que firmó la demanda, informó que su colega Juan Carlos Muro Segovia, iba a viajar a la Argentina, para tramitar los oficios ya librados por el Juzgado Federal. Luego, iban a esperar la respuesta de los citados países.
ACCIONES. La citada organización no gubernamental, en principio, había presentado dos acciones. Una acción civil, donde se pedía anular el Tratado de la Triple Alianza, que fue firmado en la Argentina, por lo que ahí se promovió la acción.
Asimismo, planteó también una denuncia penal por el crimen de genocidio y otros hechos que son imprescriptibles según señalan, en contra de la Argentina, el Brasil y Uruguay. La acción penal también es investigada ya que quedó en el Juzgado N° 9, de lo Criminal y Correccional Federal.
En lo civil, los demandantes señalan que el juez federal argentino es competente, porque se reclamó sobre daños y perjuicios causados por el Tratado de la Triple Alianza Secreta y su protocolo anexo.
Argumentan que los documentos fueron firmados por los gobiernos demandados en Buenos Aires, Argentina, el 1 de mayo del 1865. Al formalizarlos, alegan, los países incurrieron en crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, contra el pueblo paraguayo.
Piden anular el Tratado y todos actos posteriores, como son los tratados de límites con el Paraguay, luego de la guerra, más la indemnización por 150 billones de dólares.