El artículo 46 de la Constitución Nacional dice claramente: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”. La Carta Magna manifiesta que en el Paraguay “no se admiten discriminaciones”, y que el “Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”. Contradiciendo este espíritu, el sistema de jubilación privilegiada para los congresistas es un abuso y choca contra el enunciado de igualdad entre los paraguayos.
Este régimen vip es un beneficio que alcanza a senadores, diputados y parlasurianos. Afortunadamente fue rechazado en la Cámara Alta un proyecto que les otorgaba los mismos privilegios a gobernadores y concejales departamentales.
El régimen de jubilación para los parlamentarios se basa en la Ley 2857/06, que es la que rige el fondo de jubilaciones y pensiones, y fue modificada a medida de los parlamentarios en los últimos diez años.
Si se hace un comparativo de la jubilación de un parlamentario con la de un trabajador común se observará con claridad la magnitud de la inequidad.
Los congresistas tienen derecho a jubilarse a la edad de 55 años, con el monto mensual de la última dieta, más los gastos de representación que alcanza unos G. 32.774.840; y de hecho que este es el monto que cobrarían de jubilación después de cuatro periodos (20 años) en el cargo. Esto equivale a decir que, habiendo trabajado durante 20 años reciben el 100% de su pensión. Mientras que un trabajador debe laborar durante 30 años y tener cumplidos los 60 años de edad para poder cobrar el 100% de su pensión, la cual, tras una vida entera de esfuerzos, podría reducirse a un salario mínimo, G. 2.041.123.
Un parlamentario con 10 años de aporte, equivalente a dos periodos legislativos, ya puede cobrar el 60% de sus ingresos totales, que con la dieta actual queda en G. 19.664.904. Y si esto no fuera suficiente para remarcar la arbitrariedad, los paraguayos deben saber que un diputado o senador puede ocupar esa función por un solo periodo, lo que equivale a trabajar apenas cinco años, y de igual manera esta persona podrá cobrar una jubilación reducida, del 30%, lo que equivale a unos 9.832.452 guaraníes.
No solamente es ridículo y arbitrario, sino es sobre todo insultante. Si se considera el acceso a montos muy altos para políticos que –en algunos casos– solo se dedican a guardar un prudente y vergonzoso silencio durante cinco años, sentados en sus curules.
El ciudadano paraguayo con sus impuestos les financiará después una magnífica jubilación, que pocas veces él mismo recibe. La jubilación parlamentaria es una verdadera afrenta para la ciudadanía.