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IPS: Licitación de seguridad fue a medida de firma, según CGR

 

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que el proceso de contratación para la licitación de servicios de seguridad y vigilancia para el Instituto de Previsión Social (IPS) fue direccionado para beneficiar al consorcio Seguridad Integral, formado por las firmas SST Security Service Technology SA y Bullers SA.

SST es una firma vinculada al ex diputado José Chamorro, pero administrada por su hijo Óscar Chamorro, que se unió a Bullers SA en un consorcio por la suma de G. 140.000 millones en una licitación que se estableció en dos lotes, de servicio de seguridad y de sistema de monitoreo.

El dictamen técnico de la Dirección General de Control de Contrataciones Públicas del Estado (DGCCPE) resalta que la empresa, que se encontraba prestando servicio en la institución en el momento de la licitación, tiene el privilegio de comercialización en el país, obstaculizando la participación de otros oferentes.

Otro punto que llamó la atención fue la excesiva cantidad de guardias solicitada en la licitación, que resulta un aumento significativo en comparación con lo adjudicado en 2017, “lo que implica mayores costos en la presente contratación en detrimento de la economía del Instituto de Previsión Social”.

El documento señala, además, que IPS no cuenta con documentos que fundamenten la correspondencia del costo estimado del servicio, como tampoco los soportes técnicos que se ajusten de la oferta. Es decir, IPS no realizó ningún estudio de mercado ni estableció los precios referenciales, según el director de DGCCPE. Paul Rolando Ojeda.

La adjudicación de servicios de seguridad y vigilancia no se llegó a realizar, ya que el Consejo de Administración del IPS decidió suspenderla ante sospechas de irregularidades y denuncias de oferentes.

Teniendo en cuenta esto, la CGR insta a IPS a garantizar la igualdad y libre competencia como cualquier otro procedimiento.

Ojeda explicó que el dictamen fue remitido a la administración de IPS con algunas recomendaciones, pero las conclusiones no serán derivadas a la Fiscalía, pues el daño patrimonial no fue consumado.


140.000
millones de guaraníes es el monto de la licitación revocada, cuyo proceso beneficiaba a una sola firma.

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