El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentó el informe de seguimiento al Compromiso de Lima que señala que Paraguay ni siquiera alcanzó el 50% en el nivel de cumplimiento de los cinco ejes analizados.
La presentación estuvo a cargo ayer por los investigadores, en el local de Semillas para la Democracia.
Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.
En el escenario de la crisis sanitaria se evidenció la persistencia de límites y obstáculos para la implementación efectiva de una agenda de transparencia, ética e integridad pública y rendición de cuentas.
El informe menciona también que aunque Paraguay ha implementado herramientas tecnológicas innovadoras para la transparencia, estas no precisamente están acompañadas de un ambiente de control adecuado en las instituciones.
Otro punto que se resalta es que la escasa credibilidad en los procesos de investigación se debe en gran medida a los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos desde las más altas esferas del Ministerio Público.
Existen casos paradigmáticos de lavado de dinero que involucran a políticos y autoridades públicas, donde la sensación de impunidad con investigaciones lentas y burocráticas y la falta de condenas ejemplares refuerzan la teoría de la debilidad institucional y la falta de independencia judicial.
La falta de aplicación oportuna de medidas disciplinarias ha permitido la prescripción y extinción de causas relacionadas con hechos de corrupción pública.
Asimismo persiste un patrón generalizado de persecución judicial y violencia contra periodistas, así como contra organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos que denuncian y/o investigan hechos de corrupción.
Entre las recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de identificar los riesgos que tiene la corrupción con un enfoque de derechos humanos y género, entendiendo que impactan de manera grave en poblaciones vulnerables y en situación de discriminación, donde el Estado alcanzó la puntuación más baja entre los resultados correspondientes al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, con un porcentaje de apenas el 6,6% sobre el total evaluado.
Entre los llamados a la acción se establece la necesidad de consolidar el plan nacional de integridad, transparencia y anticorrupción, donde hay amplia participación protagónica a la sociedad civil, el ámbito académico, los medios de comunicación y el sector privado. También, la urgencia de fortalecer los sistemas de control interno de las instituciones públicas para prevenir la corrupción; promover mecanismos de transparencia activa de los perfiles de los candidatos incluyendo sus antecedentes judiciales, garantizar la independencia judicial, entre otros aspectos.
Es necesario establecer que la publicación de las declaraciones juradas sean públicas en todo momento. Andrés Bartrina, investigador OCC.
En cuanto a la aplicación de las normas, se evidencian obstáculos para la agenda anticorrupción. María José Durán, investigadora OCC.
Existen casos de lavado de dinero que involucran a políticos y autoridades, donde hay sensación de impunidad. Informe OCC
