Semanas atrás, organizaciones sociales como la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), en colaboración con la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” (SAPY), y otras organizaciones ciudadanas, como parte de su estrategia anticorrupción y antiimpunidad, urgieron a la Corte Suprema de Justicia que tome las riendas y acelere los procesos judiciales de 35 causas de corrupción pública que se encuentran cajoneados o con chicanas expuestas por los acusados.
Tan solo en junio, la Coapy presentó 5 urgimientos para destrabar e impulsar el expediente del ex diputado y ex gobernador de Villa Hayes, Óscar Núñez, hermano del diputado cartista Basilio Bachi Núñez.
El ex parlamentario está imputado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos y ha presentado casi 30 chicanas para evitar su juicio oral.
En el caso del diputado Tomás Rivas, la Coapy también presentó 5 urgimientos para impulsar el expediente. Rivas está imputado por el caso caseros de oro.
Tras estas acciones, el viernes pasado, Los agentes fiscales, Osmar Legal y Luis Piñanez fueron asignados por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para mantener la primera mesa de trabajo con miembros de la sociedad civil. De la reunión participó una funcionaria de la Dirección de Acceso a la Información del Ministerio Público. Los referentes distritales hicieron entregas de documentos y datos de las denuncias, formuladas ante el Ministerio Público, contra sus autoridades. Requiriendo a tal efecto celeridad y rendición de cuentas sobre los avances de las investigaciones.
“Si es que no vuelven a recusar esta semana tendríamos una resolución”, señaló María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados, sobre el expediente de Rivas.