Un informe elaborado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) va confirmando las sospechas sobre la creación de un esquema de empresas de maletín que habrían utilizado facturas falsas para justificar los despilfarros en las entidades públicas descentralizadas. Este caso, conocido como Facturación 2, ya fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ante la Fiscalía e involucra a 17 municipios y 1 gobernación.
El reporte de la DNCP, al cual tuvo acceso ÚH, se centra en las licitaciones que ganó la consultora San Miguel, entre 2015 y 2020, impulsadas por 6 municipalidades: Capitán Bado, General Patricio Escobar, Jesús de Tavarangue, Mbocayaty del Yhaguy, San Roque González y Tebicuarymí. Esta empresa es conocida como la superproveedora, ya que habría facturado USD 8,3 millones a comunas y gobernaciones por obras que supuestamente no se realizaron, utilizando comprobantes apócrifos.
El documento indica que esta compañía fue adjudicada 89 veces, concentrando entre el 52% y hasta el 100% de las licitaciones anuales que se hicieron entre 2015 y 2020 (ver la infografía).
Lo llamativo del caso es que de los 89 procesos licitatorios en los resultó adjudicada esta superproveedora, en 81 no tuvo competencia, es decir, fue la única oferente. Esto evidencia, según los papeles, que estas contrataciones estuvieron direccionadas hacia esa compañía.
La DNCP abrió días pasados una investigación a Consultora San Miguel, para verificar si se cumplieron las obras o se trataría de construcciones fantasmas. El dueño de la empresa es un octogenario de nombre Cristino Jara. Este anciano, ex chofer de colectivos, lejos de ser un multimillonario, vive en una modesta casa en Itá (ver fotografía).
EL CASO. La SET denunció este miércoles ante la Fiscalía los resultados del operativo denominado Facturación 2, donde se detectó un nuevo esquema de utilización masiva de facturas falsas por valor USD 25 millones. De ese total, USD 8,3 millones involucran a 17 municipios y 1 gobernación.
El caso afecta aun superproveedor, 16 otras grandes empresas y 100 pequeñas compañías. Son 1.607 los comprobantes apócrifos utilizados, entre 2018 y 2020.
Como el superproveedor de los entes descentralizados implicados se dedica al rubro de la construcción, pero no fueron adquiridos un solo ladrillo ni se contrató a un solo obrero, la sospecha apunta a que las facturas falsas se usaron para justificar obras que nunca se hicieron.
Casi una veintena de entidades fueron afectadas
Las municipalidades afectadas por este operativo son: San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty Del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan De Mena, Jesús de Tavarangue, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora.
Por su parte, la gobernación afectada es Cordillera, según los datos. En este operativo llaman la atención las particularidades que lo rodean.
Además del caso del octogenario, se detectó que un limpiavidrios y varios docentes habrían facturado casi USD 4 millones como subcontratados de las municipalidades.
Otro caso involucra a un albañil, quien habría emitido facturas por USD 7 millones, pero el mismo niega ese hecho y denunció que operadores políticos de la ANR utilizaron su nombre para crear una empresa fantasma.
