La hidroeléctrica paraguayo brasilera expropió una extensa zona de bosques en ambas márgenes del río Paraná (Lago de Itaipú) con el fin de proteger a las aguas del embalse de la sedimentación. De esta zona se desplazó a varias comunidades indígenas que vivían en ambos países, pero con el tiempo los bosques fueron invadidos por agroganaderos, contrabandistas y clubes privados, algunos hasta con permiso de la represa.
Esta situación pone en peligro a la vida útil de la hidroeléctrica, debido a que esta depende del caudal de las aguas del embalse, y un proceso acelerado de sedimentación podría ir acortando cada vez más su tiempo de funcionamiento.
En paralelo, las comunidades indígenas que fueron desplazadas a principios de los ochenta, se encuentran reclamando una justa indemnización por el despojo sufrido hace casi cuarenta años, y cuentan con el respaldo de estudios antropológicos.
Ante esta situación, varias instituciones del Estado como el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y comisiones del Congreso Nacional y del Parlasur han instado a la binacional a encontrar una salida al conflicto actual y que esta sea favorable a las comunidades indígenas.
Propuesta. El ingeniero Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur por la concertación Frente Guasu, indicó en este sentido que la binacional debe priorizar su deuda social entre los cientos de millonarios gastos que realiza por fuera de su rol como hidroeléctrica.
“En Itaipú, en promedio ganan el 50% más que el presidente de la República, y nadie puede ganar más, además ese puente que van a construir sobre el río Paraguay, eso no es un gasto social, además es ilegal y van a gastar decenas de millones de dólares. Pero Itaipú ahora pone trabas para comprar tierras para los indígenas, porque dicen que es muy cara, pero es una responsabilidad que tienen y deben ser tierras igual en calidad a las tierras que los indígenas perdieron”, expresó Canese.
A su vez, lanzó la idea de que los indígenas también puedan participar en la difícil tarea de combatir la deforestación en las áreas protegidas de la binacional, que van desde Hernandarias hasta Salto del Guairá (1.524 kilómetros).
“Yo les señalé (a los técnicos de Itaipú) que las comunidades indígenas pueden ayudar a cuidar el medioambiente, porque uno de los problemas de Itaipú es que se va a colmatar el río en 184 años, que no es nada para lo que implica la hidroeléctrica, y eso porque hay soja en las áreas protegidas que provocan sedimentación. Bueno, por qué no hacer una asociación entre las comunidades indígenas e Itaipú para proteger la franja de bosques, que se expropien tierras que estén entorno a los ríos y arroyos para que cuiden el ecosistema y protejan a su vez a las aguas del embalse”, manifestó Canese.
De hecho, en la declaración de Caracas de 1992, ratificada en Durban, Sudáfrica en el 2003, y en Bariloche, Argentina, en el 2007, se instaló la necesidad de que los pueblos originarios participen de las actividades de conservación que llevan adelante los Estados y las organizaciones civiles.
El documento hace un llamado al desarrollo de políticas para las áreas protegidas que salvaguarden los intereses de los pueblos indígenas y tomen en consideración las prácticas consuetudinarias en relación con los recursos y los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra.
Para Canese, la propuesta es factible, pero para ello se requiere voluntad política, ya que legal y jurídicamente corresponde que Itaipú indemnice a los indígenas.
los narcosojales de itaipú: negociado y destierro binacional (LXXVIII)
