Tanto funcionario como un asistente fiscal fueron imputados por cohecho pasivo (coima) y extorsión, según confirmó el fiscal Diego Arzamendia.
José Vargas Ruiz Díaz es auxiliar fiscal de la Unidad 2 de Itauguá y habría operado en conjunto con Edert Antonio Guerrero (39), quien es asistente fiscal. Ambos se habrían puesto de acuerdo para solicitar el dinero.
El fiscal Arzamendia realizó en la mañana de ayer un operativo encubierto, en donde quedó detenido Vargas, luego de que recibiera de parte de la víctima G. 5 millones que fue el monto que acordaron al final. Se hizo una entrega vigilada, ya que el hombre había sospechado días atrás del pedido, por lo que denunció. Con respecto a Guerrero, quien no se encontraba en el lugar donde hicieron la entrega, será librada orden de detención en su contra también.
La víctima desconocía el procedimiento correcto, por lo que entregó la suma de dinero para obtener su libertad.
Había sido denunciado el 11 de enero por violencia familiar por parte de su ex pareja y cuando fue convocado a indagatoria, le comunicaron de su detención, y entonces dieron la posibilidad de que pague para que esa orden no se ejecute.
El hombre juntó el dinero e hizo la entrega de G. 5.000.000 en varios pagos.
OTRO CASO. A finales del año pasado, también cayeron dos funcionarios de la Fiscalía de San Antonio por tráfico de influencias, por un hecho similar.
Habían pedido supuestamente dinero para dar salida alternativa a un imputado por violencia familiar. El procesado entregó G. 5 millones, bajo una entrega vigilada liderada por el fiscal Silvio Corbeta.
Teresita Raquel Rey (asistente fiscal) y Óscar David Amarilla (secretario fiscal), trabajaban en la Unidad N°1 y habrían pedido dinero para favorecer a un hombre con criterio de oportunidad.
También en noviembre en el 2021, un funcionario de la Defensa Pública cayó detenido luego de ser denunciado por solicitar coimas en un proceso civil, siendo que la asistencia debe ser gratuita. El operativo estuvo liderado por el fiscal Néstor Coronel.
Cristian Alejandro Núñez López supuestamente exigía constantemente dinero a un ciudadano en una supuesta demanda. Él era funcionario de un defensor público.