Política

Impulsan ley de conflicto de intereses con tinte penal

 

El ingreso a la política para favorecer a las empresas privadas es una realidad que debe ser parada y para ello fue elaborado un anteproyecto de ley sobre conflicto de intereses que será socializado la próxima semana.

La propuesta fue impulsada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y fue el resultado de tareas llevadas a cabo en el Observatorio Legislativo contra la Corrupción.

La norma busca regular y evitar el conflicto de intereses dentro del Estado; es decir, la tensión entre la función o el deber público de un funcionario y sus intereses privados, personales, económicos, financieros, profesionales, laborales o particulares de cualquier otra índole, como del grupo familiar o de allegados, que influyan indebidamente en el ejercicio de las funciones públicas.

El pasado agosto, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de declaración jurada de intereses que provino del Senado, por considerarse impreciso, pero luego fue ratificado por la Cámara Alta.

El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño explicó que el texto no especificaba en qué condición existiría conflicto de intereses y podía quedar sujeto al subjetivismo de la autoridad que tiene a cargo la decisión. Indicó que se necesitaban criterios más precisos.

En tanto que la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González lamentó que la ley se haya construido sin criterios de técnica legislativa y resaltó la mala redacción, alegando que no valía siquiera la pena aprobar con modificaciones, porque debía volverse a elaborar desde cero.

La mayoría coincidió en que la norma no aportaba a la transparencia en el Estado. González apuntó que la ley no abordaba el conflicto de intereses como un tema de sanción penal sino como un asunto administrativo, cuando es sabido que autoridades tanto de gobernaciones, municipios como de ministerios ingresan al Estado para favorecer a sus empresas.

Esto sería corregido en el anteproyecto que será presentado.

“El Estado paraguayo no solo se desangra en el pago de salario de funcionarios públicos, sino que la fuga está en las contrataciones de prestación de bienes”, indicó el senador Derlis Osorio.

En mayo pasado, las autoridades de las instituciones que administran recursos de la Ley de Emergencia brindaron datos de sus declaraciones juradas de intereses, que están a disposición en el portal de la Senac.

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