Esta iniciativa busca, en primer lugar, la prevención y detección de recursos financieros irregulares en la ejecución de contratos públicos, por lo que cada actor del sector privado involucrado directa o indirectamente en la contratación pública, debe asegurar que los recursos que componen su patrimonio no provienen del lavado de dinero y, en general, de cualquier actividad ilícita.
Los encargados de hacerlo público fueron el propio director de la DGCP, Pablo Seitz, y la asesora del Ejecutivo en materia de seguridad, Cecilia Pérez.
“Queremos institucionalizar y dar seguridad a todo el ámbito de la compra pública de cuál va a ser la forma de actuar, no solo en cuanto a situación específica, sino en todo lo relacionado con un rubro específico de las contrataciones públicas. Buscamos evitar el ingreso de recursos financieros de origen irregular. Esta nueva política pretende ser la base de actuación de la DNCP en forma institucional y también la base de la acción conjunta con otras instituciones públicas”, sostuvo Seitz.
Agregó que la política entiende que la contratación pública constituye una de las actividades de mayor riesgo de corrupción y de fraude en todo el mundo; por tal motivo, el plan contempla acciones que fortalezcan la transparencia en los procedimientos de compra pública en todas las fases de contratación.
Seitz señaló que con esta herramienta también se fomenta la competencia leal y la transparencia de la información, claves para medir la eficiencia y efectividad de un mercado de contrataciones públicas.
“El presidente de la República nos ordenó limpiar la cancha de todos los obstáculos que evitan la competencia leal”, manifestó.
LUCHA. “Es importante tener en cuenta este aspecto que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. La lucha ha trascendido a las simples luchas territoriales. La seguridad no debe ser solamente interna, debe ser trasnacional. No es suficiente detener a las personas que forman parte de los grupos del crimen organizado, sino atacar a la estructura financiera para lograr debilitarla”, sostuvo por su parte la ministra asesora de Asuntos de Seguridad, Cecilia Pérez.
Además, mencionó que se busca el fomento de la implementación de programas de cumplimiento empresarial (Compliance) y buen gobierno corporativo, que consoliden una política de contrataciones del sector privado que ayuden al Estado en su trabajo de prevención y combate a la corrupción.
Mencionó que Paraguay entra en un ámbito importante al desarrollar una política pública concreta, atendiendo a que no existen precedentes en la región, más bien buenas prácticas aisladas.
“No existe en otro país una política nacional de prevención de lavado de dinero de compras públicas como una medida anticorrupción, por lo que nos estaríamos constituyendo en pioneros en la región con este tema”, añadió.
Dijo que se diseñarán mecanismos y herramientas que aseguren la honestidad en el intercambio de información, la trazabilidad, la abstención de todo conflicto de interés, la integridad en el trato con servidores públicos, así como el fomento de la competencia leal en el ámbito de las contrataciones públicas.
Finalmente, ponderó la necesidad de actuar y castigar ante potenciales hechos ilícitos.
El presidente de la República nos ordenó limpiar la cancha de todos los obstáculos que evitan la competencia leal.
Pablo Seitz,
titular de la DGCP.
El crimen debe ser atacado, la seguridad no es solamente interna, sino transnacional y se ha entendido como tal.
Cecilia Pérez,
asesora del Ejecutivo.
