Sin embargo, los hechos políticos dan un panorama de las posibilidades. Para hoy, a las 10:00, fue convocada la sesión para la presentación del libelo acusatorio por mal desempeño de funciones que fue presentado por liberales y cartistas, que sostienen que la gestión del ministro es pésima en materia de seguridad, con el detonante de la muerte de dos personas en un atentado en un concierto de San Bernardino, a manos de un sicario y con indicios de narcotráfico.
Para aprobar la acusación en la Cámara de Diputados se necesita de una mayoría de dos tercios, es decir, si están los 80, serían 53 votos. Sin embargo, varios, como el liberal Édgar Acosta, que dio positivo al Covid, no asistirán. Se cuentan con los votos asegurados de Honor Colorado, que son 23, más algunos liberales, principalmente llanistas, y otros de las demás bancadas.
La multibancada de partidos minoritarios no asumió postura oficial, como tampoco la mayoría de liberales; no obstante, ninguno defiende la gestión de Giuzzio. La balanza podría ponerse a favor del ministro, luego de sus revelaciones de ayer, sobre el sistema de lavado y tráfico de cigarrillo que involucra a Horacio Cartes, y que su destitución podría significar una victoria para el cartismo.
Si es que se aprueba el libelo acusatorio, pasa al Senado, donde se hace el juzgamiento y es el encargado de decidir la destitución por mal desempeño de funciones o su continuidad. Se requiere de mayoría absoluta de dos tercios, lo que significa 30 votos sí o sí para poder echar al ministro.
La senadora oficialista Lilian Samaniego manifestó que en la Cámara de Senadores se tomarán el tiempo de seguir el proceso, ya que primero debe elaborarse el reglamento, y muchos viajarán a Ciudad del Este hoy por un evento parlamentario.
En el Senado casi ninguna bancada se quiso adelantar para tomar postura y más bien dijeron que aguardarán resultado en Diputados.
CAMBIO PARCHE. Es el cartismo el principal impulsor del juicio político, que hace tiempo tiene en ojo a Giuzzio; sin embargo, ningún sector defiende al ministro y más bien cuestionan su gestión, pese a reconocer que el cambio de nombre es lo mismo de siempre y se da por una represalia política, además de que solo significará una medida parche para la enorme problemática de la seguridad, principalmente en lo que tiene que ver con el crimen organizado.
53
votos se necesitan en Diputados, si es que están presentes los 80, para aprobar el inicio del juicio político.