Puedo decir que Pedro o María son personas honorables o que no lo son, pero afirmar que Pedro es 115 en términos de honorabilidad, mientras que María es solo 60, supondría necesariamente una calificación subjetiva y arbitraria; salvo que posea una escala de puntuación que establezca un valor determinado para un sinfín de acciones concretas. Quizás un ordenador cuántico de alta precisión pudiera arrojar algún resultado medianamente objetivo y razonable, pero no existe tal cosa.
Esta es, sin embargo, la trampa inventada por la clase política para joder el sistema de elección de magistrados judiciales a través del Consejo de la Magistratura. El mecanismo de selección, basado en escalas de calificación más o menos objetivas –como el historial académico o la experiencia laboral–, sencillamente, se va al garete cuando los juzgadores se encierran para “cuantificar” la honorabilidad de los postulantes.
Volvió a pasar en la semana última. El Consejo estaba en pleno proceso de selección de la terna de la cual el Senado, con acuerdo del presidente de la República, debe elegir a quien ocupe la vacancia que dejó Raúl Torres Kirmser en la Corte Suprema de Justicia. El trámite se estaba desarrollando con relativa normalidad. El peso académico y la trayectoria de los postulantes se dejaban ver en la composición del podio. No había demasiadas sorpresas.
El proceso, empero, tuvo un vuelco cuando los integrantes del Consejo decidieron otorgar la calificación correspondiente a la honorabilidad de los candidatos a puertas cerradas. Nadie más que ellos debían saber quién le daba qué calificación a qué postulante y, sobre todo, bajo qué criterios. El resultado no podía ser más revelador. Candidatos que encabezaban el podio, como el ex fiscal José Casañas Levy, desaparecieron de los primeros diez lugares, y otros que estaban lejos de la cúspide, como Emilio Camacho, fueron encumbrados sorpresivamente.
Convengamos en que el requisito de la honorabilidad debe ser excluyente. Quien carece de este atributo ni siquiera puede ser considerado para la postulación. Pero es un disparate que se pretenda convertir esa exigencia básica en la excusa para reformular la composición de los ránkings, repartiendo calificaciones numéricas antojadizas.
El tema derivó en escándalo cuando un juez ordenó que se revelara el contenido de la sesión secreta del Consejo, donde se repartieron las calificaciones de honorabilidad. No fue sorpresa que se olvidaran de grabar la reunión. Solo quedó el acta, donde se limitaron a dejar constancia de las publicaciones periodísticas que hacían referencia a cada candidato, y la calificación que le otorgó cada miembro, sin incluir una sola línea sobre la justificación de tales valoraciones.
El bochorno fue mayor porque el mismo magistrado ordenó además que la última sesión donde debían definir la terna fuera pública. El escrutinio mediático lo cambió todo. Tuvieron que echarse parcialmente atrás incluyendo a candidatos a los que ya habían dejado fuera del podio, y para hacerlo recurrieron a fórmulas casi infantiles. Cada miembro dio una lista de catorce candidatos de los que seleccionaron a quienes aparecían en la mayoría de las nóminas. Solo faltó que tiraran al aire una moneda.
Un papelón que termina siendo absolutamente injusto para quienes finalmente integran esa terna, porque todos ellos son indiscutiblemente honorables y podrían haber sido seleccionados sin todo el circo previo. Lo único que quedó claro es que la actual composición del Consejo de la Magistratura convierte a la institución en un cachivache indefendible, y que, en estas condiciones, es muy difícil garantizar que estemos eligiendo a los mejores.
Si vamos a juzgar y cuantificar la honorabilidad de los postulantes, empecemos por exigir ese requisito a sus juzgadores.
