El grupo Oi/Telemar habría realizado pagos de más de 132 millones de reales (unos 31,3 millones de dólares) a empresas controladas por Fábio Luíz Lula da Silva, hijo mayor de Lula, por los hermanos Fernando Bittar y Kalil Bittar y por el empresario Jonas Suassuna, entre 2004 y 2016, según reveló la Fiscalía.
“Las evidencias revelan que parte de los recursos se utilizó para la adquisición de la casa de campo de Atibaia en el interés del ex presidente Lula“, señaló el Ministerio Público del sureño estado del Paraná.
Hace dos semanas, un tribunal superior elevó a 17 años una pena dictada en primera instancia contra Lula, acusado de beneficiarse con obras hechas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casa de campo en Atibaia, en el estado de San Pablo, a cambio de favorecerlas en contratos con la estatal Petrobras.
En la operación iniciada esta semana participan unos 200 policías federales, que cumplen 47 órdenes de registro y allanamiento en cuatro estados brasileños.
INVESTIGACIÓN. La operación, bautizada como Mapa de la mina, investiga delitos de corrupción, tráfico de influencia y lavado de dinero supuestamente llevados a cabo a través de contratos entre operadoras de telefonía, internet y televisión que actúan dentro y fuera de Brasil.
Según la Fiscalía, los pagos a las empresas de Gamecorp/ Gol se realizaron “sin justificativa plausible, al tiempo que el grupo Oi fue beneficiado por diversos actos practicados por el Gobierno Federal” entre 2004 y 2016.
Entre las “pruebas documentales” obtenidas en las investigaciones figuran contratos y recibos, además de datos recogidos tras la supresión del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.
Asimismo, las inversiones y contrataciones alcanzadas entre los dos grupos no contaron con “la cotización de precios de otros proveedores”, mientras que los pagos realizados superan “los valores contratados y practicados en el mercado”.
De acuerdo con la Fiscalía, parte de los recursos empleados ilícitamente fueron destinados a la compra de la casa de Atibaia, que sería utilizada de forma recurrente, según la acusación, por el ex presidente Lula (2003-2010) y sus familiares.
El pasado febrero, la Justicia condenó al ex mandatario a doce años y once meses de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales al concluir que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) realizadas en la casa de Atibaia.
A fines de noviembre, un tribunal de segunda instancia ratificó y elevó a 17 años y un mes la segunda condena contra el ex presidente, quien se encuentra en libertad tras pasar 580 días en la cárcel por una causa similar. EFE