Ya el año pasado la empresa portuguesa Mota Engil abandonó la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este y cedió sus acciones a la firma local Ocho A, de Luis Pettengill, que pasó a tener el 40% de las acciones, junto a la española Sacyr que lidera el grupo con una participación del 60%.
Sin embargo, las instituciones involucradas en el primer proyecto de Alianza Público Privada (APP), para duplicar las rutas 2 y 7, hasta ahora no dictaminaron sobre la salida Mota del consorcio. Mientras tanto, las negociaciones para la financiación de la obra lo llevan adelante solamente Sacyr y Ocho A.
Las instituciones que deben dar el visto bueno a la cesión de las acciones de Mota Engil son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
“Ahora mismo la SOE está tramitando el cierre financiero y está saliendo Mota Engil. Se están aguardando los dictámenes. Tanto la Ley de APP como el PBC (pliego de bases y condiciones de la licitación) disponen que para la transmisión de acciones se requiere autorización de la administración contratante (MOPC), STP y del Hacienda”, expresó Viviana Gill, coordinadora de proyectos APP del MOPC.
De esta manera, Mota Engil se prepara para dejar el país, después de que se haya frustrado su adjudicación del Metrobús, cuyo cierre de contrato también se está negociando.
OTRA PRÓRROGA. Rutas del Este tenía tiempo hasta el 30 de junio para conseguir la financiación de los USD 500 millones que costearán las obras de duplicación de las rutas 2 y 7. El plazo venció y aún no se pudo concretar el cierre financiero, por lo que el MOPC deberá dar la tercera prórroga al grupo para que el proyecto no fracase.
Vale señalar que USD 200 millones deben ser financiados por un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) y los otros USD 300 millones por la estadounidense Goldman Sachs, que emitirá bonos con garantía soberana para el efecto.
Esta semana seguirán las negociaciones con ambas entidades en Nueva York y se espera conseguir el empréstito lo antes posible, según directivos del consorcio.
El titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC, Jorge Vergara, indicó que al no cerrarse la financiación en el plazo previsto, necesariamente deberán otorgar otra prórroga a la empresa, por al menos 30 días más, a través de una nueva adenda.
Recordemos que los entes financistas mencionados presentaron cartas de interés en el proyecto, lo cual fue anexado en la oferta del único participante y ganador de la licitación, que fue lanzada en el 2016 y adjudicada ese mismo año, durante el gobierno de Horacio Cartes.
¿QUÉ PASA SI NO SE LOGRA EL CRÉDITO? En el contrato que firmó el MOPC con Rutas del Este se dejó en claro que el grupo puede llegar a incurrir en una imposibilidad de lograr el cierre financiero; es decir, no obtener el préstamo para la construcción de la infraestructura vial, con lo cual habrá una rescisión del contrato.
Si esto ocurre, el consorcio obligará al Estado a pagar por las obras que ya se hayan hecho antes de la rescisión, concretamente hasta un monto de USD 52 millones, específicamente por el recapado del tramo cero (desde San Lorenzo hasta Ypacaraí), el proyecto constructivo, estudios de impacto ambiental, entre otros ítems.
Rutas del Este ya se encuentra cobrando en los puestos de peajes de ambas vías, y los montos recaudados son depositados en un fideicomiso creado para administrar la APP.
