Es decir, de G. 5.343.125.012 de este año para aguinaldos extras, desea que el próximo esto aumentase a G. 13.591.450.910.
Otras instituciones como la Contraloría General de la República (CGR) inclusive solicitaron un incremento en este rubro, para este año, de G. 32.217.229.720 también para el pago de premios a sus funcionarios.
Este pedido fue realizado el 24 de agosto pasado a la Cámara de Diputados.
Lo mismo hizo la Presidencia de la República por un valor de G. 13.000.000.000.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no quiso quedarse atrás y solicitó G. 2.836.466.415 el 5 de setiembre pasado, al igual que el Ministerio de Trabajo, con el propósito de ampliar su presupuesto para poder solventar gastos para los trabajadores que realizan tareas “insalubres y riesgosas”.
Solo la ANDE, Aduanas, Relaciones Exteriores, Hacienda, Banco Nacional de Fomento, Senado, Banco Central del Paraguay suman en total en gratificaciones ya pagadas en este año G. 65.482.651.171.
Esto sin contar con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP) que inclusive adelantó el pago de millonarios premios a un grupo selecto de funcionarios cercanos al ministro Ramón Jiménez Gaona hace menos de un mes.
Inclusive, este es uno de los motivos por los cuales los funcionarios de esta cartera estatal están molestos debido a la discriminación que se realizó en ese entonces para los privilegiados con sobresueldos de G. 13 millones para cada uno de los 20 “elegidos”.
CARTA MAGNA. El artículo 46 de la Constitución Nacional dice claramente que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.
“Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.
Respecto a las garantías de la igualdad establece que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia (...) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas (...)”.