Los representantes del sector privado señalan que las normativas en vigencia no prevén escalas ni diferenciaciones en el tipo de faltas, dejando a cargo de la autoridad de aplicación carta blanca para aplicar sanciones de entre 50 y 500 jornales.
Recuerdan que el 2020 fue atípico y significó esfuerzos importantes para mantener el empleo, además de las dificultades para llevar adelante asambleas presenciales.
“Hasta se ha promulgado una ley que otorga protecciones a los trabajadores (sean estos empresarios o dependientes), donde el Ejecutivo ha tenido la sensibilidad de reducir los accesorios legales en el área impositiva para permitir el cumplimiento voluntario de la obligación, y resultaría contradictorio que por una parte se reduzcan las multas y por otro lado se apliquen las máximas a esos mismos contribuyentes”, expresa.
Finalmente, con respecto a las presentaciones tardías entre el periodo marzo/2020 y todo el 2021, piden que puedan ser beneficiados con la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor.