En un extenso comunicado, citan las consecuencias negativas que estaría generando dicho proyecto de ley, respaldado por gremios de comerciantes de ciudades de frontera del país.
Aparte del referido monto de perjuicio para el fisco, refieren que incidirá en una menor contribución tributaria significativa, en un momento donde se precisa mejorar o mantener la capacidad de recaudación. Agregan: “Paraguay cerró el primer semestre del año con una deuda pública de USD 10.871,4 millones; 22,7% mayor a la registrada al cierre del 2019, y que representa el 30,7% del Producto Interno Bruto (PIB), superando así el límite de prudencia adecuado dada la capacidad productiva y de recaudación del país”.
Subrayan que a pesar de que Tributación alega tener la capacidad de controlar el régimen actual a través de nuevas tecnologías más eficientes implementadas, el nuevo régimen impulsado propicia menos control de evasión.
Los detractores del proyecto agregan que también plantea el problema de la falta de control del comercio, con una distribución geográfica de nuestro país que no facilita esa tarea. “A diferencia de ejemplos regionales mencionados, donde hay limitada cantidad de tiendas, esta ley crearía 1.000 tiendas/depósitos de mercaderías sin impuestos en tiendas a lo largo de 4 ciudades del país, descansando en la confianza en un sector de alta informalidad y en una capacidad de control limitada. ¿Cómo se controlaría permanentemente que mil depósitos vendan mercaderías exclusivamente a brasileños?”, se recalca.
DESLEAL. Más adelante, subrayan que la propuesta legislativa genera una competencia desleal a la industria nacional. Dicen que los propulsores de este proyecto “proponen una carga tributaria única del 4% sobre costo de importación, no sobre precio de venta, que se convierte en crédito de IRE en caso de tener utilidades, contra la producción nacional que localmente paga un IVA del 10% sobre el precio de venta, aranceles sobre la importación de insumos, además de los otros impuestos aplicables como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto a la Renta Empresarial (IRE)”. Afirman que, debido a esto de la asimetría tributaria, se generaría una competencia desleal en nuestro propio territorio.
Los gremios industriales firmantes del comunicado piden analizar las causas y los síntomas. Dicen que “la implementación de un instrumento como éste llevará tiempo, el cual ante la crisis mencionada del Covid-19 no tenemos”. Citan, por ejemplo, el sistema brasileño que se aprobó en el 2012 y se implementó recién en el 2020.
Aspectos a tener en cuenta:
Comercialización. “A pesar de que los productos serían solo para la venta en frontera, no existiría mecanismo de evitar que estos sean comercializados en el resto del país”.
Tributo. “El sistema propuesto en el proyecto de ley no anticipa ni garantiza tributos significativos al Estado, sino que anticipa sólo un 4% de IRE”; que será confirmado efectivo a fin de año, en caso de que la empresa haya sido rentable en su ejercicio.
Comercio. “Habrá competencia desleal con el comercio de todo el país, supermercados, shoppings, importadores y distribuidores quienes no tendrían competitividad de precios; lo que significará pérdida de ventas y, por ende, de empleos”.
Salud pública. “El modelo planteado minimiza los controles del Estado en materias de Aduana, requisitos alimenticios y sanitarios, como los de INAN y Dinavisa, que velan por la autenticidad y buen estado de los productos”.
