Docenas de vehículos participaron de la iniciativa, conducidos por ciudadanos hartos de la corrupción en el Gobierno y del intento de endeudar ilimitadamente al país, según señalaron. La propuesta fue acompañada por una larga fila de automovilistas y motociclistas, al son de bocinazos, petardos, y gritos, además de banderas paraguayas ondeadas al viento.
La abogada Aidé Vera, de CACE, expresó que seguirán “repudiando los actos de corrupción e impunidad” y apoyando las caravanas que se realizan a nivel nacional. “Estamos demostrando al Gobierno que no aceptamos más hechos de corrupción, y menos en tiempos de pandemia”, manifestó.
Reiteró que la movilización nacional es para exigir el cese de la corrupción y la impunidad, la transparencia y rendición de cuentas, y el apoyo a los trabajadores. Afirmó también que las manifestaciones seguirán, y recordó que el presidente Mario Abdo expuso su segundo informe de gestión ayer ante del Congreso y entregó un plan sin contenido, “sin ninguna política clara en el combate a la corrupción y a la impunidad”.
“No expresó ninguna esperanza para una reactivación de la economía, ni para nuestro sistema de salud”, lamentó Vera.
Reclamos. ”Nuestra salud seguirá en terapia. La economía casi al borde del colapso. No existe una política a seguir, una hoja de ruta clara. La corrupción y la impunidad seguirán gozando de buena salud. Esta movilización también reclama transparencia y medidas económicas fuertes para evitar este colapso económico y financiero del país”, subrayó la abogada.
La movilización se replicó en varias ciudades del interior. La protesta se llevó a cabo a pesar de que en la última realizada por estos sectores algunos ciudadanos fueron imputados por la Fiscalía. Es más, varios referentes de las organizaciones civiles cuestionaron que el Ministerio Público está criminalizando las protestas, pero no actúa de la misma manera con los delitos contra el Estado.
Los dirigentes y representantes de varios sectores alzaron más de una vez su voz para cuestionar la imputación al empresario Juan Galeano Grassi, propietario de la pizzería La Tarantella y activo líder de Agapy, y a María Esther Roa, de CACE, por el supuesto delito de propiciar la aglomeración de personas durante una caravana de protesta contra la corrupción e impunidad en el Gobierno de Abdo, sobre todo durante la pandemia del Covid-19.