Miguel Godoy no escatima recursos cuando de los amigos se trata. Repartió cargos a sus allegados y hasta a familiares de estos, alegando que son cargos de confianza.
Las incorporaciones de personal que realizó durante los años al frente de la Defensoría del Pueblo así lo evidencian.
Godoy se rodeó de abogados que habían apoyado su candidatura a miembro del Consejo de la Magistratura, antes de ser defensor del Pueblo.
Abogados Dignos del Paraguay (ADP) se llama el movimiento por el cual se postuló Godoy, y que nuclea a los hoy funcionarios de la institución. El defensor expresa en su currículum que es el creador y fundador de dicha organización de abogados.
Por ejemplo, Esmilce Vega, quien integra el movimiento ADP, es una del entorno inmediato de Godoy.
De profesión abogada, fue designada en junio pasado como directora de Administración y Finanzas de la Defensoría, con una remuneración mensual de G. 14.600.000. La mujer, quien ingresó a la institución en el año 2017, antes se desempeñaba como directora de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas.
Vega había llegado hasta la redacción de este diario junto con otros funcionarios de la institución para manifestar su apoyo al defensor del Pueblo.
Es más, en redes sociales muestra una férrea defensa a su jefe, ante la avalancha de cuestionamientos que recibe. Y no es para menos, ya que su hermana también fue contratada por Godoy.
La hermana de Esmilce, Paola Vega, está en la nómina de funcionarios de la Defensoría desde setiembre de 2021. Hasta hace poco, la joven cumplía funciones en la sede de la entidad en Itá.
El pasado 8 de julio, Godoy firmó una resolución por la cual dispuso el traslado de Paola Vega “para prestar servicios en las oficinas de la Dirección General de Administración y Finanzas”, es decir, a cargo de su hermana.
Hipólito Oviedo es otro allegado de Godoy, bien acomodado en la institución. Actual secretario privado del defensor, también miembro de ADP. Percibe una remuneración mensual de más de G. 10 millones.
Otro del primer anillo del defensor es Mario Aranda, también parte del movimiento ADP. Es asesor de Gabinete y jefe de Administración de Contratos, con un salario mensual de G. 8.700.000, según planilla de funcionarios a julio.
Nidia Pintos es otra que ingresó a la institución de la mano de Godoy, en el año 2017. Figura en planilla de funcionarios como directora de Atención a Personas Privadas de Libertad, con un salario mensual de G. 7.300.000.
Otra que acompañó la candidatura de Godoy a miembro del Consejo, y que con la designación de este en el cargo de defensor, consiguió acceder a un puesto en la Defensoría es Graciela Aymar Vargas.
La misma ocupa el cargo de directora operativa de Objeción de Conciencia, y percibe una remuneración de casi G. 5 millones, según planilla de funcionarios a julio.
Luz Galeano Sugastti y David Sosa engrosan la lista de abogados del movimiento creado por Godoy, que se instalaron en la institución presidida por este último.
Galeano es directora de la Unidad Especializada de Víctimas de la Dictadura, y percibe una remuneración de G. 4.700.000. Mientras que Sosa figura en la nómina de funcionarios en el cargo de secretario privado de la Dirección General de Gabinete, con una remuneración de G. 4.200.000. No serían los únicos, de acuerdo con las fuentes.
COMPUEBLANOS. El defensor Miguel Godoy también incorporó a varios funcionarios provenientes de su ciudad, Itá.
Eduardo Marecos es uno de los tantos. Fotografías en redes sociales delatan la vieja relación de amistad que mantiene con quien es su jefe.
En planilla de funcionarios figura en el cargo de secretario privado de la Coordinación Departamental de Itá, con un salario mensual de más de G. 3.700.000.
En ediciones anteriores, ÚH publicó que Miguel Godoy contrató los servicios de una empresa ubicada en Itá, ligada a dos funcionarias de la institución -madre e hija- para reparaciones en el edificio de la Defensoría.
Godoy pagó en forma fraccionada por fondo fijo, el servicio que debía contratar siguiendo alguno de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.
Hudica Emprendimientos se llama la firma, cuyo propietario es Hugo Cáceres, padre de una joven funcionaria, recientemente nombrada por Godoy.
Ailin Cáceres Vega se incorporó al plantel de funcionarios como contratada, en el año 2019. La joven de 24 años de edad fue nombrada en julio pasado y ocupa el cargo de directora de Planificación. La madre de Ailin, Nancy Vega de Cáceres, figura en planilla de funcionarios como jefa administrativa de la sede de la Defensoría en la ciudad de San Lorenzo, con un salario de G. 6.500.000.
Defensor ubicó a esposa de su director de Gabinete
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, ubicó en la institución que preside a la esposa de su director general de Gabinete, Carmelo Núñez Ortega.
Se trata de Patricia Portillo, designada en el cargo de directora de Auditoría Financiera.
La mujer figura en la nómina de funcionarios de la Defensoría del Pueblo desde setiembre de 2021.
Su marido, Carmelo, también ingresó de la mano de Godoy, pero ya en el año 2017. Desde entonces, es su mano derecha.
El sueldo de Carmelo es de G. 8.500.000, pero también percibe G. 5.000.000 mensuales en bonificaciones por responsabilidad en el cargo. Mientras que su esposa, Patricia, tiene un sueldo de G. 6.000.000, según planilla de funcionarios de la institución al mes de julio.
El ingreso mensual de la pareja sumando las remuneraciones que perciben de la Defensoría del Pueblo asciende a casi G. 20 millones.
Miguel Godoy está en el ojo de la tormenta, tras salir a la luz presuntas irregularidades en su administración.
