Política

Gobierno deberá rendir cuentas por situación ambiental y de indígenas

El informe presentado por las organizaciones de DDHH en Paraguay a la ONU denuncia la grave situación del medioambiente y de las comunidades indígenas debido a la ausencia de políticas.

La crítica situación del medioambiente y de las comunidades indígenas en Paraguay son los temas principales que las organizaciones civiles de Derechos Humanos presentaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de manera a ser una fuente para el Examen Periódico Universal (EPU) que rendirá el Estado Paraguayo en mayo del 2021.

La Coordinadora por los Derechos Humanos en Paraguay (Codehupy), que aglutina a 34 organizaciones de la sociedad civil, remitió la semana pasada el informe a la ONU para el examen que se realizará el 5 de mayo del año próximo, y corresponde al tercer ciclo. Además de su propio informe, la Codehupy remitió otro informe elaborado por organizaciones que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas y por la alimentación, que son Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, Base Investigaciones Sociales, Heñói Centro de Estudios y Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.

Indígenas. El informe señala el incumplimiento del Estado paraguayo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek, y señalan como ejemplo de la desidia del gobierno en el tema indígena.

“Las tres comunidades indígenas con sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) permanecen sin la titulación de sus tierras, aun habiendo aceptado el Paraguay recomendaciones concretas; reflejo, de la crónica violación de derechos territoriales indígenas que en los últimos años no ha mostrado avances sustantivos en cuanto a restitución o reformas legislativas eficaces”, señala.

La condición precaria del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), la pobreza extrema en las comunidades, sin tierras en muchos casos o sin título de propiedad, sin servicios básicos como agua y electricidad, sin escuelas, centros de salud, ni caminos, fueron expuestos en el documento remitido a la ONU.

Se cuestiona que el Estado mantenga una política de desalojos forzosos que afecta selectiva y desproporcionalmente a indígenas, campesinos y pobres urbanos.

Medioambiente. Respecto a la aplicación de las leyes de protección ambiental que las instituciones encargadas del control, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Servicio Nacional de Calidad, Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), y el Instituto Forestal Nacional (Infona), están muy centralizadas y lejos de las zonas rurales de conflictos socioambientales.

“Cada año se vierten más de 58 millones de kilos/litros de agrotóxicos asociados a los monocultivos, sin respetar normas de mitigación, envenenando a las comunidades campesinas e indígenas”, se cuestionó.

Examen. El EPU es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.

Figuran en total 33 temas de distintos ámbitos, como salud, educación, militarización de la seguridad interna, ambiente, falta de independencia judicial, crímenes contra periodistas, discriminación entre otros, los que fueron abordados en el material. Se presentaron también 58 recomendaciones al Estado.

En el último EPU que se realizó en el año 2016, el Estado Paraguayo asumió cerca de 200 compromisos y muchos de ellos no fueron cumplidos.

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