En declaraciones a Radio Uno, Garavano admitió que la proliferación de fallos en distintas zonas del país contra los incrementos tarifarios, decididos por el Ejecutivo, ha generado “una situación bastante irregular sobre quién paga y quién no paga”.
Para el ministro, hay en juego un problema de “legitimidad” con las decisiones de los jueces, que genera dudas entre los argentinos respecto a si tienen o no tienen que pagar las facturas tal y como les llegan, con aumentos que en algunos casos llegan al 600 %.
Con la intención de solventar este problema, el Gobierno presentó un recurso “per saltum” para que sea el máximo tribunal argentino, la Corte Suprema, el que decida si los incrementos tarifarios son o no válidos con alcance nacional definitivo.
“El recurso está presentado. Como Gobierno tomamos la misma posición que frente a todos los casos, que es no interferir, no criticar, no presionar... pero sí sería bueno que la Corte resuelva el tema, al menos que decida si admite o no (el per saltum)”, opinó Garavano.
Los aumentos de tarifas definidos por el Gobierno a partir de marzo generaron un fuerte malestar social en Argentina, en un contexto de elevada inflación y destrucción de empleo.
Posteriormente, el propio Gobierno reconoció que, si bien los aumentos eran necesarios para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio tras años de tarifas congeladas por el kirchnerismo, en algunos casos los incrementos habían sido inasumibles para el bolsillo de los argentinos.
Por ello, el Ministerio de Energía aceptó fijar topes de entre el 400 % y el 500 % para las subidas del gas.
La semana pasada varios sindicatos salieron a las calles para escenificar con un “frazadazo” su rechazo a las subidas.
