Arnaldo Giuzzio, quien preside la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras (CESC) por el Covid-19, dio a conocer ayer las conclusiones de la revisión realizada sobre los 32 llamados por vía de la excepción que realizó el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia.
Giuzzio explicó que se encontraron irregularidades administrativas “secuenciales y permanentes” en todos los procesos encarados por la cartera sanitaria e incluso señaló que hay indicios de que las licitaciones estaban siendo direccionadas. Sobre el total de 32 procedimientos, la CESC recomendó a Julio Mazzoleni, ministro de Salud, anular los 14 que están en una etapa previa a la firma de contratos y velar por la correcta ejecución contractual de los restantes 18, donde sí existen acuerdos firmados, además de supervisar que los insumos y servicios provistos cumplan con todas las especificaciones correspondientes.
Señaló que varios puntos llamaron la atención durante la inspección y que se repitió un mismo modus operandi, con coincidencias a lo sucedido en el caso específico de la adquisición de insumos y camas que había tenido como firmas adjudicadas a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, en el cual se decidió finalmente rescindir de forma total los contratos. Por ejemplo, refirió que los funcionarios encargados de remitir las invitaciones a las posibles proveedoras en los llamados utilizaban sus correos personales para el efecto, lo cual elimina la trazabilidad o proceso de control que debe darse, según dijo en una entrevista concedida a Monumental AM 1080.
“La sospecha es que estas licitaciones estaban siendo direccionadas”, reveló Giuzzio, quien añadió que para confirmar la hipótesis de corrupción se debe “hilar más fino”, pero que definitivamente se puede hablar de una serie de falencias y que estas no fueron aisladas. En otro momento, al ser consultado sobre si las fallas están relacionadas al sistema de compras públicas establecido por la Ley 2051, señaló que, a su parecer, las adquisiciones por parte del Estado “mejoraron con el tiempo”, pero que existen “tanto empresarios como funcionarios que encontraron los puntos oscuros o los lados oscuros de la ley y están utilizándola para su propio beneficio”.
Mazzoleni, ¿víctima?
En otro momento de la charla, Giuzzio comentó que el ministro Mazzoleni le reconoció que solicitó apurar las compras en el marco de la emergencia sanitaria, pero que también aseguró no haber presionado a que se cometan las irregularidades. “Las veces que conversamos con él le preguntamos qué paso, y decía: ‘Yo como jefe daba ordenes de hacer rápido, por necesidad, pero no autoricé que se haga mal’. Yo creo que el ministro confiaba en ese equipo que hoy se fue”, expresó.
A través de sus redes sociales, el también titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que entre los llamados de Salud por la pandemia detectaron errores como: Inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo grupo, incumplimiento de condiciones legales y técnicas del pliego de bases y condiciones, inobservancia del artículo 40 de la Ley 2051 referida a la participación limitada de empresas y personas vinculadas entre sí, falta de criterio para la fijación de precios referenciales, el uso indebido o innecesario del concepto de urgencia impostergable o del código Covid-19 y falta de atención a las consultas hechas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), entre otros.
