Las campañas políticas no siempre respetan el juego limpio. En el Paraguay se ha vuelto una muy reprobable costumbre la de desacatar disposiciones referentes al periodo permitido para hacer campaña electoral. Es por eso que se inundan calles, paredes, columnas y cualquier otra superficie con los rostros, nombres y lemas de los políticos que buscan votos, todo esto fuera de las fechas que corresponden para la difusión de propaganda electoral. Al hacerlo el mensaje suena alto y claro para la sociedad y para los oponentes, el mensaje es de prepotencia e impunidad.
La Dirección de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recientemente informó a las organizaciones políticas que van a tomar parte de las elecciones generales del 30 de abril respecto a los límites que pueden hacer en cuanto a gastos de campaña. El límite máximo de gastos electorales que pueden hacer los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones en sus campañas electorales será el equivalente al 10% del jornal mínimo, por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que postule el candidato.
Otro dato que aportó la autoridad electoral es la declaración de gastos de campaña de candidatos que participarán de las elecciones del 30 de abril próximo. Es así que, entre los candidatos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República, la dupla colorada es la que indica mayores montos a ser invertidos en proselitismo. El candidato a presidente por la ANR, Partido Colorado, Santiago Peña, aparece con G. 500 millones, de ahorros suyos, más cinco vehículos de Horacio Cartes, y una camioneta suya. Su compañero de fórmula, Pedro Alliana, figura con G. 300 millones de fondos para la campaña electoral, provenientes de depósitos y efectivo suyos.
En cuanto a la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, el candidato a presidente, y titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, presenta en su declaración jurada que cuenta con casi G. 120 millones, provenientes de remuneraciones y la venta de bienes. Mientras que su compañera de fórmula, la ex ministra de la Vivienda Soledad Núñez declaró que cuenta con G. 100 millones para la campaña electoral, provenientes de ahorros suyos.
El país carga con el pesado lastre del clientelismo, y es un gran desafío poder romper el círculo vicioso que se crea alrededor del mismo. Es sabido que casi un 80% del electorado está afiliado a uno de los partidos tradicionales: Colorado y Liberal, como señala un estudio de Marcelo Lachi para el Informe 2021 del Barómetro de las Américas. Ahí señala que esa afiliación responde a una identificación afectiva que se reproduce, a través del contacto familiar, y que esa lealtad al partido se construye y se consolida al considerarse que el partido debe ser el proveedor de asistencia social. Por lo tanto, tanto el candidato como sus electores entienden que hay una obligación de resolver los problemas de sus electores: puestos de trabajo, asistencia médica, becas de estudios, alimentos, servicios, dinero, etc. De ahí la extendida visión de que “el partido que gana debe, antes que todo, ayudar a sus afiliados”.
Como esta estructura clientelar cuesta mucho, se entiende la importancia del control del dinero que se invierte en las campañas. Sin embargo, en la realidad del país en los últimos años se ha instalado un nuevo fenómeno. Se trata de la presencia del dinero sucio en las campañas políticas.
Controlar que haya transparencia, y elevar las barreras al uso del dinero de la mafia, el narco y el crimen organizado en la política paraguaya es en el tiempo presente el gran desafío. Esa transparencia es fundamental para sostener nuestro sistema democrático.