La tensión entre las partes aumentó considerablemente el pasado viernes, luego de que el Ministerio de Industria y Comercio, acompañado de la ministra secretaria de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), Lorena Méndez, lograra conseguir un amparo del juez en lo Civil Helmut Fortagle, quien ordenó a las empresas privadas Petrobras, Copesa y otras fraccionadoras no impedir la recarga de Petropar en garrafas que llevan el logo distintivo de esas fraccionadoras.
El ingeniero Guillermo Parra, vocero de la Unión de Gremios de Combustibles y GLP, dijo ayer que ya están analizando las acciones legales que impulsarán para enfrentar esta situación complicada, surgida de las medidas del MIC para “proteger y favorecer en el negocio del gas a Petropar”.
Apuntó que esta intervención de la Sedeco, hoy dirigida por una persona puesta por el titular del MIC, Gustavo Leite, “es utilizada, al igual que el INTN, como brazo ejecutor para defender los intereses del Gobierno y de Petropar”.
Apuntó que la medida de amparo que se dictó es de forma, mientras se estudia la cuestión de fondo que es la violación de la Ley de Marcas, pero que Industria y Comercio, como también Petropar, a través de un dictamen favorable de un estudio jurídico que contrató, niega que ocurra.
A MEDIDA. Parra dijo que está a la vista de todos que Petropar incursionó en el negocio del gas a través de decretos y resoluciones para darle “legalidad”, debido a falencias. “Estas medidas modificaron las reglas de juego para que el MIC, en vez de ejercer como ente regulador, salga a favorecer a un competidor”.
Apuntó que esto se refleja en que cuando se denunció que Petropar no podía utilizar garrafas de otras fraccionadoras, surgió el decreto 6.140 para habilitarlo. Luego se dieron cuenta que exigieron garrafas empadronadas, pese a que la estatal no tiene envases propios, emite una resolución que da seis meses de plazo a las fraccionadoras para empadronar.
Parra también aseguró que la empresa estatal de combustibles está perdiendo con el precio de G. 5.000 el kilo de gas, que lo cubre con la ganancia del gasoil pese a que lo niegue.
También calificó de “una campaña sucia y mentirosa en contra del sector privado la que desató el MIC, con el supuesto beneficio a la gente con el gas más barato, cuando se sabe que una ínfima cantidad de gente es la que puede acceder a este precio”.