Editorial

Fondos sociales de binacionales deben usarse para el bien común

A pesar de todas las malas noticias sobre la corrupción imperante en Paraguay, el tema de los famosos fondos sociales de las binacionales constituye un hito para la política fiscal y la transparencia. Por fin, estos recursos se integrarán al Presupuesto permitiendo su seguimiento por parte de organismos públicos, el Congreso y la ciudadanía. Este hecho no es menor, ya que durante años permanecieron a disposición de los políticos de turno. Ahora está en todos estos sectores poner la mirada atenta para que se utilicen de manera íntegra para el bien común. Utilizar los recursos de los fondos sociales para la salud y protección social puede ayudar a los hogares a mitigar el impacto sanitario y económico, además de traer tranquilidad y un poco de paz social. Cualquier desvío puede generar un fuerte riesgo en la gobernabilidad, tan necesaria para salir airosos de la pandemia.

La inclusión en el Presupuesto de los fondos sociales para fortalecer los magros sistemas de salud y protección no social bajo la atenta mirada de la ciudadanía y de la Contraloría General de la República constituye un paso fundamental por muchas razones.

En primer lugar, estos fondos públicos dejarán de ser utilizados arbitrariamente por un partido político para ser parte de políticas universales. Es decir, se deberán utilizar en bienes y servicios que beneficien a la mayoría y garanticen derechos constitucionales.

En segundo lugar, al ser parte del Presupuesto público estarán sujetos a la auditoría ciudadana y a la mirada de las instituciones públicas que tienen competencia en el control y la evaluación. Esto significa que no solo conoceremos los montos, sino también, y fundamentalmente, su destino.

En tercer lugar, pero no menos importante, al contrario, se destinarán a financiar la salud y protección social de la población, ámbitos en los que el país se encuentra en una terrible situación. Paraguay se encuentra entre los peores países de la región en indicadores sociales en ambos ámbitos.

Entre los más importantes se encuentran los bajos niveles de inversión pública en los dos sectores, el alto gasto de bolsillo en salud de las familias y de automedicación, los altos niveles de informalidad medidos por el acceso a seguridad social, la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes y personas mayores sin cobertura de programas que les permitan tener una vida digna si las familias no tienen recursos suficientes.

Estos vacíos en dos políticas fundamentales para la vida y el bienestar de las personas ocasionaron históricamente mucho sufrimiento y malestar en la gente, situación que se agravó de manera terrible en la pandemia. Hoy, las familias están desgarradas ante la muerte o enfermedad de sus miembros, totalmente vulnerables ante el avance de los contagios y en muchos casos con secuelas económicas y de salud que permanecerán por largo tiempo.

El panorama es aterrador. A los problemas de salud que traerán consigo tantos meses de distanciamiento en una sociedad que basa su cohesión social y su felicidad en los vínculos familiares y de amistad, se esperan consecuencias físicas de la enfermedad.

Los resultados en la economía son imprevisibles, tanto por la recesión generada por la pandemia como por los efectos de la enfermedad o muerte de algún proveedor económico en la familia, de la pérdida de activos para hacer frente a los gastos y del endeudamiento.

Utilizar los recursos de los fondos sociales para la salud y protección social puede ayudar a los hogares a mitigar el fuerte impacto sanitario y económico, además de traer tranquilidad y un poco de paz social.

Esperemos que estos fondos sean utilizados adecuadamente. Ellos estarán en la mira de todos, por lo que cualquier desvío no solo afectará económicamente, sino fundamentalmente en el ámbito político, ya que la gente está cansada y enojada.

Cualquier desvío puede generar un fuerte riesgo en la gobernabilidad, tan necesaria para salir airosos de la pandemia.

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