La empresa Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores, fue objeto de debate en los últimos meses debido a la intervención que el Gobierno de Alberto Fernández decretó en junio con el fin de declararla como bien de utilidad pública para su expropiación, y que finalmente derogó a finales de julio. Ahora, la AFIP acudió a la Justicia por una supuesta maniobra fraudulenta que detectó durante una fiscalización sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
La operatoria denunciada consistía, presuntamente, en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. “La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta 1,5 millones de dólares entre 2016 y 2019”, destaca. EFE