EFE
El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia está suspendido de forma cautelar en función de la decisión de un juez del Supremo, aunque el pleno de esta corte tendrá la última palabra sobre el caso.
El magistrado que suspendió la designación, Gilmar Mendes, consideró que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ofreció a Lula el cargo con la intención de obstruir la justicia, puesto que el expresidente es investigado por lavado de dinero en un caso relacionado con la corrupción en Petrobras.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
En su dictamen, el fiscal dijo que “desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay obstáculos” para que Lula asuma su cargo.
No obstante, resaltó que la “hay indicios” de que Rousseff incurrió en un “desvío de finalidad”, lo que significó que habría ejercido sus competencias legales para alcanzar un “propósito diferente del que le es atribuido por el ordenamiento jurídico”.
Por ello recomendó que no se mantenga el fuero privilegiado asociado al cargo de ministro.
Tanto Lula como Rousseff han negado que el nombramiento tenga relación con el proceso abierto contra el expresidente en el Tribunal Federal de Curitiba y por la petición de la fiscalía de que se ordene la prisión preventiva del exmandatario.
El fiscal general también solicitó al Supremo que ordene la unificación de todos los procesos abiertos cuestionando el nombramiento de Lula.
Según la fiscalía, existen por lo menos 52 procesos abiertos en tribunales convencionales y otros 16 en curso en la propia corte suprema.
Esos procesos fueron promovidos por partidos opositores y por ciudadanos comunes hace dos semanas, coincidiendo con la investidura de Lula como ministro de la Presidencia, que es la cartera más importante del Gobierno.
La investidura fue anulada el mismo día en el que se celebró el acto, el pasado 17 de marzo, por una sucesión de fallos judiciales en diferentes cortes.
