28 mar. 2024

Fiscalía busca a los que adulteraron datos en sistema de Comuna

Investigación.   La fiscala Silvana Otazú ordenó  extracción de datos de diversos equipos.

Investigación. La fiscala Silvana Otazú ordenó extracción de datos de diversos equipos.

La Unidad Especializada de Delitos Informáticos del Ministerio Público se constituyó ayer en la Municipalidad de Asunción en el marco de la investigación por presunta alteración de datos de cuentas catastrales de inmuebles para que los contribuyentes paguen menos el impuesto.

La denuncia la había hecho el dueño del restaurante La Tarantela al indicar que con facturas adulteradas le redujeron en la Municipalidad de G. 75 millones a G. 32,5 millones sus impuestos y tasas.

El procedimiento estuvo a cargo de la fiscala Silvana Otazú, quien ordenó la extracción de datos de diversos equipos informáticos del Municipio y también se incautaron documentos originales, entre ellos facturas.

La búsqueda de indicios de las irregularidades se centraron en los departamentos de Informática, Levantamiento Catastral y Recaudaciones. La comitiva fiscal también obtuvo documentos entregados por el departamento de Transparencia.

La investigación apunta que a través del sistema informático se cambiaban categorías catastrales de determinados inmuebles para reducir el monto a ser abonado en concepto de impuesto inmobiliario.

Una pesquisa anterior culminó con la detención y posterior imputación de dos funcionarios: Miguel Ángel Mendoza Mendieta y Néstor Pereira, detenidos en abril de 2019 en una entrega vigilada de dinero realizada por la Fiscalía Anticorrupción.

Juan Galeano Grassi, propietario de La Tarantela, debía abonar G. 75 millones en tributos por cuatro inmuebles. Pereira y Mendoza le redujeron a G. 32,5 millones, de los cuales G. 7,5 millones no ingresaban a las arcas municipales siendo esta la cifra solicitada supuestamente en concepto de coima.

Los funcionarios hicieron que la Tarantela, ubicada en plena Avda. Mariscal López, barrio Herrera, pasara a figurar en un sector del Bañado Norte. Galeano Grassi comentó que su negocio fue levantado en el 2005 y, sin embargo, se cambió a 1977.

La fiscala Otazú con su equipo busca determinar quiénes son los funcionarios que modificaban datos en el sistema informático. Esto se podrá verificar a través de los usuarios utilizados por los encargados de cargar datos al sistema, señalaron.

En ese sentido, investigadores recalcaron que aún falta identificar a todas las personas que actuaban en contubernio para alterar la categoría catastral de los inmuebles.

El caso saltó a la luz luego de publicaciones de Última Hora en enero pasado, en las cuales se denunció el presunto esquema de facturas adulteradas utilizadas para reducir los impuestos y tasas.


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