El Ministerio Público –dirigido por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez– arrastra una millonaria deuda que supera G. 6.871 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), por el canon de alquiler de una de las sedes centrales ubicadas sobre Nuestra Señora de Asunción entre Haedo y Humaitá, en la capital.
De acuerdo con el documento, la deuda impaga que viene arrastrando la institución data desde el 2016 al 2022, inclusive.
Hubo reclamos por parte de las autoridades de la previsional y la fiscala general se excusó que la situación se debe justamente a problemas de recortes presupuestarios.
De acuerdo con el contrato de locación de inmueble entre el IPS y el Ministerio Público, el canon mensual por alquiler suma G. 181.051.020 más IVA, en forma mensual.
De esta suma es descontada directamente el monto reconocido por la Fiscalía en concepto de mejoras introducidas en el inmueble en 48 cuotas iguales de G. 13.832.768.
El estado de cuenta al que accedió ÚH denota que prácticamente la gestión de Sandra Quiñónez viene arrastrando un sistemático incumplimiento con las obligaciones contraídas, pese a que esto está presupuestado cada año.
Durante el 2016 se puede observar que la deuda impaga con los intereses moratorios del Ministerio Público fue sumando entre G. 41 millones y G. 10 millones.
Durante el 2017, siguió arrastrando y la caótica situación financiera se acrecienta en el 2019, antes de la pandemia. En el cuarto año se pueden observar deudas con los intereses por la suma de G. 137 millones. Entre el 2020 y 2021, aparece que ya no tiene contrato. La cifra trepa finalmente a medida que pasan los años.
RECLAMOS. En la nota Nº 104/21 que las autoridades del IPS remitieron a Expidio Palacios, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio Público, reclamaron por la crítica situación financiera.
“En su carácter de administradora de los bienes inmuebles de renta del IPS, se dirige a los efectos de solicitar la regulación de las obligaciones contractuales pendientes del Ministerio Público, resultantes de los pagos atrasados de los cánones de enero del 2016 a diciembre del 2018, generando de forma automática los intereses pactados en el contrato”, señaló el documento de la previsional.
Solamente en este periodo, el monto ya ascendía a la suma de G. 941 millones. Esto subió hasta diciembre 2020.
“Se informa que a la fecha el Ministerio Público adeuda al Instituto de Previsión Social la suma de G. 6.871 millones en concepto de canon de arrendamientos (desde enero del 2019 a diciembre del 2020)”, refiere la nota.
RESPUESTA. El pasado 11 de julio, la Fiscalía respondió al presidente del IPS, Vicente Bataglia, sobre el reclamo por las deudas de alquiler de la Sede 1.
“Cabe mencionar que los atrasos en los pagos de los montos de alquiler han excedido de toda gestión administrativa posible, con el fin de cumplir con los compromisos económicos mensuales en los plazos pactados, debido a inconvenientes de orden estrictamente presupuestarios y los sucesivos recortes que ha sufrido el presupuesto asignado al Ministerio Público”, señala Quiñónez.
En la nota, argumenta que las dificultades vinculadas directamente a la falta de créditos presupuestarios han afectado varios compromisos, “obstruyendo el debido y puntual cumplimiento no solo en aspectos de orden contractual”.
6.871 millones ya ascendía la deuda de la Fiscalía al cierre de 2020. Esta morosidad fue trepando al cerrar este año.
