Economía

Fiscalía allanó casas de 2 aduaneros en el caso senador Arévalo

 

Los agentes del Ministerio Público realizaron ayer procedimientos en lujosas viviendas de dos funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) involucrados en el caso de tráfico de influencias contra el senador Martín Arévalo.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce abrieron la investigación sobre la denuncia presentada por el director de Aduanas, Julio Fernández, quien acusó al senador colorado de presionar para colocar a determinadas personas en cargos “sensibles” de la institución y de intermediar para la liberación de cargas incautadas.

La primera diligencia consistió en la toma de declaración de Fernández, quien puso su teléfono a disposición para peritaje, así como de los funcionarios María Guadalupe Ruiz Campos, administradora de Puertos y Almacenes Generales Kanonnikoff; Selva Sirlene Corina Decoud, jefa del Departamento de Representación Fiscal de la Dirección Jurídica; Gisselle Lampert, directora jurídica, y Luciano Flor, jefe de Departamento de Sumarios.

Las declaraciones aportaron con relatos de hechos concretos, documentos y sobre personas involucradas, lo que ayudó a que la denuncia sea sólida y se abra una causa penal.

Posteriormente los agentes allanaron dos viviendas de los funcionarios aduaneros Roberto Luis Pereira y de Miguel Medina (para quienes Arévalo pidió recategorizaciones). En las imágenes que compartió la Fiscalía se puede observar la fachada de una casa ostentosa con un vehículo igual de lujoso.

En el interior se revisaron documentos, aunque también aparecieron materiales de propaganda política, entre volantes y calcomanías que corresponden al candidato a concejal de Asunción Juanjo Arnold, quien cuenta con el apoyo del intendentable Nenecho Rodríguez.

Hasta el momento el caso es por tráfico de influencia, que tiene una pena de hasta tres años de cárcel. Si bien el senador Martín Arévalo respondió a la denuncia con una acusación que vincula al director de Aduanas con supuestas ventas de bienes incautados a personas cercanas a él, aún no está previsto que el legislador preste declaración. La investigación preliminar en su caso es muy limitada debido a que cuenta con fueros.

De acuerdo con la denuncia de Fernández, el senador hacía constantes pedidos de designación de funcionarios en puestos claves, intermediaba en la tramitación de sumarios y procesos administrativos y operaba a favor de la liberación de mercaderías de contrabando.

La DNA reunió evidencias a lo largo de un año, siendo una de las más graves la insistencia para entregar cargas incautadas de contrabando a un ciudadano libanés. Coincidentemente, parte de las mercaderías, que consistían en equipos electrónicos, fueron robadas del depósito Gical, y el resto fue subastado por la institución.

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