El fiscal de Anticorrupción, Arnaldo Giuzzio, manifestó que los documentos recogidos el pasado martes de la Cooperativa Universitaria (CU) “serán verificados para corroborar si la supuesta contratación de abogados del estudio jurídico Almada Royg y Asociados fue para que prestaran servicios en casos personales o a la persona jurídica”.
Esta investigación se inició luego de que la Junta de Vigilancia haya presentado una denuncia ante el representante del Ministerio Público, en la que señala que el Consejo de Administración aprobó contratar a los letrados para defenderlos, pero en casos particulares. Asimismo, el agente fiscal indicó que la denuncia se debió, ya que los directivos de la Junta de Vigilancia sospechan que la cooperativa paga por honorarios profesionales de los abogados por defender casos personales y no por prestar servicio a la entidad.
Por su parte, la licenciada Graciela Ortiz Chávez, presidenta de la Cooperativa Universitaria, aclaró ayer en una conferencia de prensa que en la institución nunca hubo un “allanamiento”, aunque sí la constitución de agentes fiscales para retirar documentos a raíz de una denuncia que obra en el Ministerio Público.
La titular de la CU afirmó que la información que circuló sobre un presunto allanamiento de la cooperativa tenía “otras intenciones” y resaltó, “de más está decir que la cooperativa goza de muy buena salud financiera, el mes de octubre concedimos más de 61.000 créditos. El fiscal está investigando el caso de manera objetiva y la CU se ha prestado”, culminó Ortiz.