Para extender hasta fin de año la cobertura de gastos de internación de pacientes con Covid-19 en salas comunes y en terapia intensiva, el Estado necesita entre USD 100 y 120 millones. Una comisión especial analiza las fuentes de financiamiento, pero al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda propone categorizar las necesidades de los beneficiarios en un intento de ahorrar.
Durante la reunión de la comisión especial de control de “Covid Gasto Cero” de la Cámara de Diputados se trató la conformación de la mesa de trabajo con representantes de diferentes instituciones y se conversó sobre el déficit presupuestario del Ministerio de Salud para dar continuidad a las leyes 6.725 y 6.742 que subsidian por hasta G. 13 millones y G. 5 millones, respectivamente, la internación de pacientes con Covid.
Si bien el ministro de Salud, Julio Borba, comentó que hasta el momento aún están disponibles G. 20.000 millones para estas coberturas, los recursos se van desembolsando progresivamente a medida que se reciben las solicitudes y en ese sentido afirmó que no alcanzará para cerrar el 2021.
Solo para cumplir con estas dos leyes durante los próximos seis meses se necesitarán entre USD 100 y 120 millones, según expuso Borba durante el encuentro con diputados y otras autoridades.
Al respecto el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló que además de buscar alternativas de financiamiento, se debe mejorar el contenido de las dos normativas para tratar de reducir el monto y hacer más eficiente su utilización.
“Las leyes son muy generales, nosotros pusimos sobre la mesa la posibilidad de que se puedan categorizar a las personas que están internadas, porque hoy el mecanismo que se aplica es por montos fijos por pacientes. Nosotros creemos que al categorizar se podrían ver distintos tipos de coberturas”.
Se refirió a que algunos pacientes requieren de menos recursos de los que están disponibles en las normativas, pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de que en los casos más graves se amplíe la cobertura. Hasta el momento se trata de una propuesta que debe seguir estudiando la comisión especial, aunque la idea ya fue rechazada por Borba y por el diputado Raúl Latorre, quien en la misma línea manifestó que “la salud es un bien público y no una mercancía”. En cuanto a las fuentes de financiamiento, Llamosas adelantó que parte de los recursos se pueden obtener del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), con el compromiso de devolverlos en los próximos años.
Críticas
A la diputada Celeste Amarilla le pareció insuficiente los USD 40 millones que se puedan disponer del Fonacide, frente a un déficit presupuestario total de Salud de USD 510 millones, que incluyen cobertura de internaciones en el sector público y privado, nuevos vínculos de personal de blanco, compra de oxígeno y medicamentos, así como la adquisición de vacunas por USD 70 millones para el 2022.
Como opción planteó redireccionar los préstamos aprobados por los organismos internacionales por USD 3.144 millones que en su mayoría están destinados a las obras públicas, o en todo caso frenar estos desembolsos para tramitar nuevos créditos que puedan ejecutarse en el ámbito de la salud.
Estas discusiones se retomarán en la reunión de la próxima semana.
USD 510 millones es el déficit presupuestario de Salud, de acuerdo a lo que expuso ayer la diputada Celeste Amarilla.
USD 20 millones se necesitan mensualmente para cubrir los gastos de internación de los pacientes con Covid.