Falta de insumos condiciona vuelta a aulas en setiembre

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En clase. Un grupo de estudiantes acudieron a su institución educativa en la capital a inicios del periodo lectivo en marzo.

La provisión de alcohol, agua potable, lavamanos y equipos de protección, además de la infraestructura y segundas dosis de la vacuna anti-Covid para los educadores son las principales condicionantes para el regreso a las clases presenciales.

Es lo que apuntaron docentes, directores y familias tras debatir ayer con autoridades del MEC sobre la eventual vuelta a las aulas, planteada para setiembre.

El otro punto es que priorizan el regreso a los laboratorios y talleres en los colegios técnicos, siempre supeditado a lo que se apruebe en el comité de riesgo de cada establecimiento.

Los representantes de gremios manifestaron que, en algunos casos, hay profesores que fueron inmunizados con la Sputnik V, con una segunda dosis programada recién para octubre.

Tanto para los que se encuentran dentro del estándar de vulnerabilidad como para este grupo que completa la vacunación recién en octubre, solicitaron no se autorice aún el regreso, como propuso la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

“Nosotros creemos, por otro lado, que solo aquellas instituciones educativas que reúnan todas las condiciones de acuerdo con el protocolo deben volver a lo presencial. Nuestros datos indican que el 50% de unas 8.000 escuelas no están en condiciones”, dijo Silvio Piris, titular de la federación.

SIN RECURSOS. Que se garanticen insumos de bioseguridad, artículos y personal de limpieza, histórica deuda del Estado, es lo que exigen desde la Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy). Recordaron un estudio que estableció que las familias invierten en las escuelas USD 10 millones anuales para mantenimiento y personal.

Pidieron que si se establece el retorno, sea de forma paulatina y sin presiones, de modo que de acuerdo con la inmunización de educadores y de las familias, se pueda decidir con mayor seguridad.

En el MEC nadie habló y nadie responde si se desembolsarán recursos de gratuidad que corresponden a esta segunda etapa que se inicia en agosto.

DENUNCIA. Una supuesta presión de parte de los supervisores para controlar y presionar al personal docente para el retorno a clases presenciales reclamó la Unión Nacional de Educadores (UNE). “Esta decisión debe ser de cada comité de riesgo, es lo más democrático”, indicaron. El 80% de matriculados terminó la primera etapa en el modo a distancia.

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