La extensión y profundidad de la corrupción generada por la incapacidad de hacer cumplir las normas por parte del Poder Ejecutivo y la impunidad por la falta de penalización en el Poder Judicial dejan el espacio abierto a todo tipo de corrupción y no solo la derivada del narcotráfico u otros delitos trasnacionales.
El documento señalado profundiza, en particular, en los bajos niveles de competencia en la región y en Paraguay. Recurriendo a la encuesta de opinión ejecutiva del Foro Económico Mundial que evalúa las percepciones sobre la efectividad de las autoridades de competencia, el documento muestra que Paraguay se ubica entre los países de peor situación en su lucha contra el monopolio a la hora de asegurar una competencia justa.
Las políticas, instituciones y marcos sólidos deben impulsar medidas antimonopólicas, ya que de esa manera se alienta a las empresas a innovar, ser más eficientes y ofrecer avances tecnológicos. Los precios más bajos y la variedad de opciones benefician a los consumidores. Paraguay tiene bajos niveles de competencia, lo que socava la innovación y la productividad. Los consumidores también se ven perjudicados al enfrentar costos más altos que el resto del mundo. Por ejemplo, un estudio encontró que del total de carteles existentes en la región, el 21% implicaban productos de consumo básico como azúcar, papel higiénico, trigo, carne aviar, leche y medicina, afectando de manera directa el precio de bienes esenciales para los hogares.
El informe analiza las razones detrás de este escenario. El panorama empresarial está concentrado y existe un marcado contraste entre unas pocas grandes empresas que dominan los mercados y numerosas pequeñas empresas. El 70% de los trabajadores lo hacen por cuenta propia o trabajan en empresas de menos de 10 empleados, ocupados en su mayor parte en actividades de baja productividad.
Además, pese a que el sector público cuenta con instituciones y leyes de competencia, su aplicación es débil por la falta de recursos, por la existencia de conflictos de interés y de otros problemas relacionados justamente con la corrupción. Las empresas suelen influir en las políticas gubernamentales, lo que reduce la eficacia de las leyes de competencia.
Todo esto sin considerar la corrupción en las adquisiciones públicas: obras de infraestructura que no tienen justificación en el bien común y en la eficiencia que exige el manejo de los fondos públicos, los sobrecostos en los insumos y servicios contratados, el incumplimiento de los contratos y de las especificaciones técnicos, entre otros problemas que terminan reduciendo la cobertura y calidad de los servicios públicos y negando a la ciudadanía el disfrute de derechos y a la actividad económica la posibilidad de contar con infraestructura y servicios necesarios para producir competitivamente.
Así, un puñado de empresas dominan e influyen en la inversión pública, y tienen pocos estímulos para innovar y ser competitivos. Su permanencia en el mercado se sostiene con la corrupción vinculada a políticos y funcionarios públicos. Con bajos incentivos para sobresalir, empresas poco productivas permanecen en el negocio y terminan mal preparadas para competir, sofocando su potencial para impulsar el crecimiento.
Este modelo no beneficia a nadie. No crea empleos, no permite innovar y generar competitividad en el mercado.
