“En el punto que no están de acuerdo es en el referente a los gastos de explotación, en lo que se refiere a los gastos sociales, porque Paraguay señala que los gastos deben ser USD 600 millones para mantener la tarifa y Brasil exige que sean USD 150 millones para pagar los compromisos asumidos”, había dicho Cáceres.
Como no hubo acuerdo, el ex gerente técnico de la ANDE también auguró que “en la práctica es de cumplimiento imposible una corrección de la tarifa una vez implementada la tarifa provisoria”.
Por su parte, Oxilia, doctor en energía por la Universidad de São Paulo y ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), sostuvo que la tarifa baja “de hecho, no de derecho”. Aunque precisó que todavía hay que ver qué señala oficialmente Itaipú, es evidente que si se mantiene el presupuesto el cálculo estipula la reducción, por la amortización de la deuda de Itaipú, ya que “no se puede prever un gasto que ya no existirá”. Luego, Brasil se aferrará a los hechos consumados. Oxilia agregó que el peor escenario posible se está cumpliendo cuando Paraguay no llega a un acuerdo con Brasil, y en vísperas de la revisión del Anexo C.
