Una investigación iniciada por la Secretaría de Asistencia Social y Guarda Municipal de la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, reveló un gravísimo hecho de explotación de niños.
Los mismos son llevados para trabajar en las calles de la ciudad de Foz de Yguazú, en las inmediaciones de la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad. Los menores, además de trabajar o pedir limosnas que son recogidas por los mayores, se exponen a la explotación sexual. Estos hechos vinculados a la denuncias estarían encuadrados en trata de personas con fines sexuales o laborales.
Tras las primeras reuniones realizadas entre funcionarios de la Secretaría de Asistencia Social y Guarda Municipal de Foz de Yguazú, en el Consulado del Paraguay, se ha solicitado a las autoridades policiales se abra un proceso de investigación, porque según los informes existe un esquema de explotación, tanto para estas mujeres como para los niños.
Se supo también que los trabajadores sociales tienen individualizados incluso los vehículos que son utilizados para transportar a los niños y mujeres hasta la vecina ciudad brasileña, donde son explotados laboralmente; y hay fuertes sospechas de explotación sexual.
Existen serios obstáculos en la lucha contra la explotación de niños en la frontera; uno de ellos es el de territorialidad y soberanía de los países, dado que los niños afectados son en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios; sin embargo, los funcionarios del Gobierno paraguayo tienen la obligación de movilizar todos sus recursos para proteger a estos menores.
Las autoridades del Brasil y el Paraguay están trabajando actualmente sobre un protocolo, para tratar el problema de explotación laboral y sexual al que están expuestos niños. No obstante, consideramos que las acciones deben ser –especialmente rápidas y eficientes en este caso– pues se trata de la vida de niños y particularmente por eso, son inaceptables la burocracia y las dilaciones, a los que nos tienen acostumbrados los funcionarios.
Si nuestra Constitución Nacional declara que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”, y que “se garantiza su protección, en general, desde la concepción”, todos los funcionarios asignados a la tarea de velar por el respeto de los derechos de los niños, deben extremar los cuidados y ser eficientes en el cumplimiento de esta tarea.
Los niños indígenas de nuestro país viven en la miseria más absoluta, enfermos, malnutridos, ignorados por la sociedad y el sistema. Son además víctimas de explotación, son objeto de maltratos y vejaciones; y resulta vergonzoso tener que admitir que, pese a nuestra preocupación por la situación en que viven, son realmente bajas nuestras expectativas de que el Gobierno logre revertir el estado en el que se encuentran. No es escepticismo, sino el convencimiento de la poca eficacia que ha mostrado el Estado paraguayo para eliminar la delincuencia que se reproduce en las zonas de frontera, como el narcotráfico o el lavado de dinero.
Esperamos que esta vez logren llevar adelante muy seriamente la investigación.