Galeano Grassi, del Núcleo de Empresas Gastronómicas, y uno de los ciudadanos más críticos al Gobierno, señaló que la publicación de las declaraciones juradas otorga “todo el poder a la Fiscalía para iniciar cualquier tipo de investigación de oficio” cuando noten sospechosos de un hecho de enriquecimiento ilícito. “Son demasiado importantes estos documentos. Es simple, la matemática no es una opinión. Si uno va y habla con empresarios, productores, emprendedores, todos dirán que hay años buenos y malos, nadie tiene 10, 20 años de enriquecimiento constante sin perder un año. Es muy difícil, demasiado complicado, y más siendo empleado público”, opinó Galeano.
Insistió en la importancia del papel de la Justicia en este momento, y en una actuación realmente independiente. “No queremos que haya una revolución, no queremos que haya muertos, no estoy auspiciando eso, sí una toma de conciencia de la ciudadanía y las autoridades”, señaló.
El empresario gastronómico también dijo que así como se presiona al presidente o los parlamentarios, del mismo modo se debe exigir a los jueces para que hagan bien su trabajo. “No puedo entender cómo para imputarme por una seudoaglomeración son muy rápidos y no son así para otros casos. Es un Ministerio Público totalmente selectivo”, lamentó sobre el trabajo de la Fiscalía, que viene imputando a manifestantes y a quienes incumplen la cuarentena sanitaria pero no trabaja de la misma manera en el caso de los grandes robos al Estado.
“La ciudadanía ya no cree en el Ministerio Público, ya no cree en las autoridades, eso crea un grave daño social”, alertó. Galeano Grassi también dijo que nos encontramos con una grave crisis económica y cuestionó que hoy existe una desconexión entre la clase política y el pueblo.
Ideal. Por su parte, María Esther Roa, integrante de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), apuntó que en un mundo ideal las declaraciones juradas “tienen que caer en la institución que tiene el monopolio de la acción penal pública, que es el Ministerio Público”, ente que debe hacer su trabajo como corresponde.
Además, se mostró dolida porque esa institución está “carcomida por la corrupción”, con una fiscal general (Sandra Quiñónez) que “está atrapada por la clase política corrupta que gobierna el país”, sin el liderazgo y sin haber hecho lazos con la ciudadanía para lograr desamarrarse de ese yugo. “Si contrastamos todas las documentaciones con un Ministerio Público a la altura de las necesidades, sería realmente una gran victoria para el Paraguay”, aseveró.
Finalmente, Aramí O’Hara se manifestó a través de su cuenta de Twitter. “Justifiquen sus bienes. Si no pueden hacerlo, inicien los procesos para una eventual imputación, juicio y cárcel. ¡Y que devuelvan lo robado! Porque esto solo termina cuando el pueblo vea Justicia”, escribió.
Con esos documentos la Fiscalía tiene todo el poder para iniciar cualquier investigación de oficio. Juan Galeano Grassi, empresario.
Las declaraciones tienen que ir a la institución con el monopolio de la acción penal pública, que es la Fiscalía. María Esther Roa, abogada.
Justifiquen sus bienes. Si no pueden hacerlo, inicien los procesos para una eventual imputación. Aramí O’Hara, empresaria.