“Escándalo en la Policía de Paraguay: les roban más de 40 armas y se las cambian por juguetes”, rezaba el título de un informe publicado por el sitio británico de noticias BBC Mundo. En ese mismo tono, varios medios periodísticos internacionales se hicieron eco de la insólita información, luego de que un inventario de bienes y valores del Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional, en la ciudad de Capiatá, permitió detectar el faltante de 42 fusiles automáticos de asalto tipo Fal.
Los fusiles de fabricación belga son del modelo HKG3, calibre 7.62, desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial y tienen una gran potencia de fuego, ya que sus proyectiles pueden atravesar los chalecos antibalas, según los especialistas. El precio promedio en el mercado negro del tráfico de armas es de 10.000 dólares cada uno.
El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, calificó como “grave” la situación, ya que existen indicios de que otras 90 armas cortas, pertenecientes al arsenal de la Policía, también habrían desaparecido entre enero y julio de este año. La presunción más lógica es que las armas habrían sido vendidas a miembros de organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dedicadas al narcotráfico en la zona fronteriza paraguaya y en territorios del vecino país. Desde hace años se viene denunciando que existe una gran red de tráfico de armas que opera desde el Paraguay, principalmente en la zona de la Triple Frontera con el Brasil y la Argentina, que en gran parte se surte de armas robadas de los arsenales de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
El escandaloso robo detectado en los depósitos policiales de Capiatá demuestra que sigue existiendo un alto nivel de corrupción en filas de la Policía Nacional, que en muchos casos involucra incluso a altos jefes de las estructuras de la seguridad pública.
Este nuevo hecho detectado se suma a otros sonados casos ilícitos cometidos por comisarios, jefes y oficiales uniformados, que han sido denunciados en reiteradas ocasiones en los medios de prensa, como los cobros por guardias policiales realizadas ilegalmente en comercios y dependencias privadas, además de los millonarios desvíos de cupos de combustible destinados para las operaciones rutinarias.
Muchos de estos episodios han quedado sin el necesario castigo por parte de la Justicia.
La corrupción policial debe ser decididamente enfrentada y sancionada en todas las instancias correspondientes. Permitir que la fuerza encargada de dar seguridad y protección a la ciudadanía siga siendo un antro de delincuencia constituye un grave riesgo para la democracia.