Suele afirmarse que en la capital del Alto Paraná hay un juez aliado a cada caso de corrupción que se plantea. Obviamente, la coima es la causa por la que los magistrados fallan a favor de los que cometen alguna irregu- laridad.
Sin estar de acuerdo con una afirmación genérica que ubica a todos los que tienen la obligación de impartir justicia -siendo, por lo tanto, im- parciales- en el mismo nivel, es verdad que existen jueces que se prestan a los actos ilegales que plantean ciertos comerciantes.
Como lo que menos interesa es la correcta aplicación de la ley, no faltan abogados que encuentran una vía para evadir los controles -los pagos correspondientes, por lo tanto- y, de ese modo, perjudicar al país, po- niendo incluso en riesgo a las personas.
Tampoco dejan de aparecer los magistrados venales que, con tal de obtener ingresos extras, son capaces de adoptar cualquier medida, aunque no esté acorde al ordenamiento jurídico vigente.
Algunos importadores de perfumes, cosméticos y fármacos encontraron en esos jueces la llave de la puerta para evitar el control establecido por el Código Sanitario para las mercaderías que ingresan al país. Con una me- dida cautelar, los productos llegaban a sus propietarios.
Si bien más adelante los funcionarios desleales obraban conforme a Derecho, era ya muy tarde, porque la mercancía ya había sido comer- cializada. No había, entonces, manera de que se cumplieran los términos de las resoluciones.
Lo más grave del asunto es que hasta la Sala Constitucional de la Corte Suprema se expidió a favor de los violadores del Código Sanitario. Al ser cuestionadas sus resoluciones, la Corte aún no dio a conocer su veredicto acerca de la decisión adoptada por algunos de sus miembros.
Si bien la Corte envió a nueve jueces al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), todavía no se ve una voluntad firme para combatir la ilegalidad castigando a los que la permiten.
No hay que mirar el hecho como la acción de grupos que pretenden obtener mayores ganancias simplemente. Hay que verlo desde la pers- pectiva de un atentado contra la salud. Los controles no se han establecido de manera arbitraria para recaudar, sino para garantizar la vida de la po- blación.
Es necesario, por lo tanto, desbaratar de una buena vez las gavillas delictivas que desalientan el comercio legal a través de la competencia desleal. Y castigar a jueces, abogados y comerciantes que se han burlado de las normas vigentes en el país.