Los principales cuestionamientos surgieron el martes, durante una larga sesión de interpelación de la Comisión Permanente del Congreso, a la cual asistieron el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en donde Acevedo habló de que existe una especie de interferencia en las investigaciones acerca de la fuga masiva de presos por parte de miembros del Ministerio Público. Puso como ejemplo que no se les ha permitido a ambos ministros ver las imágenes, grabadas por las cámaras de circuito cerrado del penal, del momento de la evasión, lo que permitiría confirmar el grado de complicidad de autoridades y funcionarios del penal en la evasión, tal como se presume. Hubo versiones encontradas acerca de si las cámaras de video se encontraban en funcionamiento durante la fuga.
También la ministra de Justicia informó que se había hecho una denuncia pública sobre un ofrecimiento de 80.000 dólares para permitir la fuga de los reos en la cárcel de Pedro Juan, y que en fecha 17 de diciembre último se hizo una denuncia formal ante la Unidad del Crimen Organizado del Ministerio Público, advirtiendo que, según datos de inteligencia, existía un plan para la fuga masiva de los presos pertenecientes del PCC, pero no se adoptaron acciones tendientes a evitarlo. Y que en los últimos días intentó coordinar acciones con la fiscala del caso, María Inés Álvarez, pero la misma no accedió a comunicarse.
Desde el Ministerio Público también se conocieron críticas a los responsables del Poder Ejecutivo. La fiscala María Inés Álvarez cuestionó que “ningún funcionario del Ministerio de Justicia acompañó a los agentes en la capital del Amambay” y dio a entender que la ministra Cecilia Pérez, en lugar de cuestionar, debió hacerse presente en el lugar para respaldar las investigaciones y la búsqueda de los prófugos. La ministra respondió que ella personalmente no viajó a Pedro Juan “por motivos de seguridad”, pero que gran parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia sí se hicieron presentes.
Más allá de las críticas y los reproches mutuos, lo que se deja entrever es que existe un fuerte choque de poderes entre miembros del Ministerio Público y representantes del Poder Ejecutivo, algo que en nada favorece a las labores que se deben emprender para lograr la recaptura de los presos fugados, en primer lugar, y para avanzar en las soluciones de fondo a la grave crisis del sistema penitenciario, en donde todo parece indicar que pueden existir más motines y fugas de presos en las principales cárceles del país, sobrepobladas y minadas de corrupción.
Además del vergonzoso escándalo internacional, el choque entre agentes del Estado solo favorece al crimen organizado. En vez de pelear, el Ejecutivo y la Fiscalía deberían aprender a trabajar juntos.
