El directivo de la institución agregó que el caso fue presentado ante el juez de primera instancia en lo civil y comercial, Édgar Rivas. Ocurre que la CGR, en virtud de la Ley Nº 6763 que la habilita a fiscalizar las binacionales, ordenó una auditoría financiera y de cumplimiento en Itaipú.
Ortega relató que solicitaron a la entidad documentos de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, como los estados financieros, el balance analítico, el listado detallado de los planes, programas y proyectos elaborados, copias de informe de auditorías interna y externa, entre otros. Los requerimientos se hicieron en septiembre.
“Si vamos a aplicar estrictamente lo que prevé el Código Procesal Civil, si mal no recuerdo, el artículo 162 establece que el juez tiene tres días para dictar una providencia, que es lo que correspondería en este caso, ya sea admitiendo nuestra petición, dándole trámite o lo que el juez considere pertinente”, explicó Ortega. El juzgado recibió todos los documentos ayer y el plazo empezó a correr.