La presentación de la denuncia se formalizó el 13 de octubre mediante patrocinio del abogado Luis Cabañas de León, y firmado por el intendente Hilario Adorno y el secretario general Fernando Daniel Gómez.
Son 18 puntos los denunciados por el jefe comunal en contra de su antecesora, donde resume las presuntas irregularidades cometidas catalogadas de lesión de confianza de los ejercicios fiscales 2020 -2021.
Las supuestas faltas cometidas serían la incorrecta exposición de importes de ejecución presupuestaria de ingreso de Fonacide, falta de entrega de kit de alimentos de almuerzo escolar, reparación de aula no ejecutada en la escuela indígena Santa Teresita del Niño Jesús, uso incorrecto de cuentas bancarias.
Otros cuestionamientos son falta de documentos de respaldo sobre cheques emitidos y cobrados, inconsistencia de documentos de respaldo sobre construcciones en el rubro Fonacide, adquisición de muebles para instituciones educativas por empresa proveedora que no corresponde al ramo, y cheques cobrados en nombre de la ex intendenta.
Según los datos que se desprenden de los documentos que obran en la comuna, también habría falta de ejecución de ítems en los contratos de obras ejecutadas, falta de publicación en el portal de contrataciones públicas, documentos con falencias e inconsistencias, según extractos bancarios sobre royalties y compensaciones.
Las faltas cometidas supuestamente por la ex jefa comunal totalizarían la suma de G. 4.300 millones de daño patrimonial que la Fiscalía deberá comprobar.
Otra denuncia. Por su parte, el actual intendente, en sus 10 meses de administración al frente del Municipio de Casado, también es denunciado por los concejales municipales, Claudio Martínez, María Laura Díaz, Saturnino Ferreira Báez, Emilce Graciela Galeano, María Ángela Domínguez, Virgilio Chamorro y Domingo Vera, quienes presentaron denuncias ante la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda y en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Las presuntas irregularidades que presentaron son la falta de informe del ejecutivo a la Junta Municipal sobre el manejo administrativo, emisión de cheques sin fondos a proveedores, adquisición de vehículo particular a nombre del municipio, falta de pagos a funcionarios y concejales por cuatro meses.
El pedido en concretó a la Contraloría por parte de los concejales es la realización de una auditoría al Municipio de noviembre de 2021 a setiembre de 2022.