Pobladores de la colonia Tape Yke, en litigio judicial con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) por un caso de supuesta superposición de títulos, exigen que el Estado no esté incentivando las invasiones, mientras que el caso no se haya dirimido en la Justicia.
Esto, teniendo en cuenta que funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) están asistiendo a los nativos de la comunidad Ka’a Poty, que habían sido instalados por orden judicial en las fincas reclamadas por cuatro propietarios, con títulos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El pedido fue realizado a través de un comunicado a la opinión pública realizado por los afectados, quienes son propietarios de pequeñas fincas loteadas por el Indert, ubicadas en el distrito de Itakyry, hacia el límite del Alto Paraná con Caaguazú.
En el sector el Indi reclama la propiedad de 1.364 hectáreas, individualizada con la finca 1628, ubicada en su mayor parte sobre el distrito de Mariscal López, sobre fincas ocupadas actualmente por firmas como Impasa, Entre Ríos y otros. Y una pequeña parte sobre la colonia Tape Yke, del distrito de Itakyry. Las tierras fueron adquiridas en 1996.
La asesoría jurídica del Indert, por su parte, había aclarado que la colonia Tape Yke fue adquirida por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) –actual Indert–, en el año 1994 de Batista Lozzio y fue loteada en 37 parcelas, con 90% de títulos entregados a los ocupantes.
Un informe de la entidad había señalado que la colonia no está superpuesta con la finca 1628, que –según dicho documento– está ubicada hacia Caaguazú; sin embargo, el Indi envió a los nativos del pueblo Avá Guaraní a ocupar ese sector, del cual fueron desalojados en junio pasado, tras varios años de juicio civil iniciado en el Alto Paraná.
En ese contexto, los miembros de la comunidad Ka’a Poty fueron reubicados en el sector con una medida cautelar firmada por la jueza de la capital, Alejandra Magalí Zavala Ríos, mientras que los miembros de la colonia poseen otra medida cautelar firmada por la jueza Ana Giménez, de Itakyry, en el marco de un amparo judicial.
Inicialmente la comunidad Avá Guaraní ocupaba una finca perteneciente a la ex fiscala Liz Alfonso, mientras que en la actualidad está asentada en inmuebles contiguos, pertenecientes a Pedro Torrás, Alberto Notto y Cayo Alfonso, quienes con anterioridad ya habían logrado una medida cautelar en el marco de un recurso de amparo constitucional, ante las amenazas de ocupación de sus fincas. Aun así, el oficial de Justicia, José Alfredo Zelaya, estableció a los nativos en los inmuebles y fue denunciado por desacato por la jueza Ana Giménez, ante la Fiscalía de Minga Porã.
ASISTENCIA ESTATAL. Los afectados señalaron que no puede ser que sus funcionarios estén incentivando las ocupaciones de sus tierras titulados por el Indert, ya que funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional están entregando víveres y chapas de fibrocemento a los nativos, para establecerse en el lugar, teniendo en cuenta que los juicios siguen su curso y aún no se determinó si el Indi o el Indert tienen título sobre los inmuebles.
Por otro lado, exigen que se investigue a Lea Schwartzman, jefa de Bancada del Frente Guasu, conforme planilla de la Función Pública, que a su vez es parte del Directorio de la oenegé SUNU, que recibe aportes millonarios para las causas indígenas, y la plataforma social de derechos humanos Memoria y Democracia, que tomó intervención en el proceso judicial iniciado en la capital del país, a favor de los nativos. Para los afectados, la misma estaría violando la Ley de la Función Pública, al acompañar a los indígenas en la ocupación de tierras.
