El país se enfrenta este año a una encrucijada, y aunque la rutina electoral pueda resultar monótona y aburrida para una parte de la población, es precisamente en este ritual de participación en el que debería estar la sustancia de nuestra democracia. Se trata de votar, de elegir, para que unos pocos gobiernen en nombre de los millones anónimos en los que, de acuerdo con la Constitución Nacional, reside la soberanía, el pueblo ejerce su poder por medio del sufragio.
Como país nos vemos enfrentados a poderosos enemigos este año. El más abominable es, sin duda, la corrupción, ese mal que se ha enquistado en las instituciones del Estado y en la sociedad.
Debemos recordar siempre que en uno de los momentos más críticos en la historia de la humanidad, cuando recientemente vivimos la pandemia del Covid-19, hubo políticos y funcionarios que se aprovecharon de la emergencia y malutilizaron los recursos públicos. No les conmovieron las imágenes de compatriotas muriendo en los pasillos de los hospitales por falta de respiradores, como tampoco les importó que miles se hayan salvado gracias a la solidaridad de la gente, y a que ante la ausencia de una salud pública de calidad, las rifas y las polladas obraran milagros. En el Paraguay, la corrupción es una epidemia que todavía queda por vencer.
De la mano de la corrupción viene la impunidad. Precisamente aquella corruptela y malos manejos de los tiempos de pandemia apenas son recordados por la ciudadanía que, sin lugar a dudas, se ve sobrepasada ante tantos casos de corrupción. Pero nuestro principal problema reside en la corrupción que sigue creciendo, y se extiende precisamente porque goza de total impunidad.
Precisamente, uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, se encuentra permanentemente en la mira de las denuncias y las quejas. El sistema de Justicia sigue siendo como la serpiente, de la frase del obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, que solo pica a los descalzos. Hay procesos en contra de quien roba mandarinas o un par de champús, pero los amigos del poder político sospechados de corrupción gozan impunidad y de privilegios.
Una mención especial se merece en este apartado el Ministerio Público, el que con su mala gestión ha dejado de investigar, en nombre de toda la sociedad paraguaya, importantes casos de corrupción. La Fiscalía General del Estado no ha visto nunca la cercana relación entre actores políticos y el narcotráfico, ni siquiera cuando dirigentes de base caen por su vinculación con estos criminales. Y con relación al gran operativo A Ultranza Py, realizado en los primeros meses del 2022, así como el informe de la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, que permitieron exponer pruebas sobre tráfico de armas, lavado de dinero y terrorismo, y su presunta vinculación con referentes políticos importantes de Paraguay, desveló además de toda aquella información la tremenda ineficiencia de la Fiscalía. Y hasta el momento no sabemos si es pereza o es complicidad.
Nuestra democracia se encuentra bajo asedio. Por un lado, el crimen organizado ha extendido sus tentáculos y hasta peligrosamente se han normalizado los casos de sicariato, frente a las instituciones del Estado que deberían combatir estos actos criminales y proteger a la población. Y por el otro, el dinero sucio del narcotráfico presente en la política paraguaya desvirtúa todo, pues con esos inmensos recursos se compran partidos políticos, candidaturas, curules en el Congreso, se financian candidaturas, se marcan la agenda y las decisiones políticas.
Es hora, pues, de asumir la situación y comprometernos, participar, para no permitir la destrucción de nuestro sistema democrático.