En el nombre del pueblo

Por Luis Carlos Irala

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La semana que culmina fue bastante movida en el ámbito económico, tal como se esperaba. El tema de debate fue el aumento de las tarifas de luz y agua, y la baja del precio de los combustibles. En el primer caso la intervención del presidente Horacio Cartes frenó cualquier suba del costo de la luz y el agua, pero al final de la semana se decidió la rebaja del precio del gasoil y de algunos tipos de naftas.

La incursión de Cartes en el Equipo Económico se dio el lunes pasado ya cuando los ministros debían tomar una decisión ante los argumentos técnicos de la ANDE y la Essap. La determinación fue no ajustar las tarifas hasta tanto las empresas públicas prestadoras de servicios limpien sus planteles de planilleros, revisen los beneficios que se pagan a los funcionarios y transparenten su estructura de costos.

Esta decisión de Cartes fue como patear el hormiguero y rápidamente ya se generó la reacción de los mismos presidentes de las empresas públicas, de los sindicatos y de las centrales sindicales, quienes también exponen sus argumentos.

De acuerdo a las declaraciones del ministro Gustavo Leite, la determinación presidencial fue para defender al usuario, al consumidor que no tiene un gremio que los represente y defienda sus intereses.

Esta decisión del titular del Ejecutivo lo dejó bastante bien parado ante la ciudadanía, pero toda determinación económica siempre tiene sus costos y lo interesante en este momento es saber si por cuánto tiempo será sostenible el congelamiento de las tarifas de las empresas proveedoras de agua y luz.

Las empresas públicas están presas en sus propias determinaciones, como los contratos colectivos, la cantidad de funcionarios que fueron incorporando a lo largo de los años y las pérdidas o fugas que hasta ahora no pueden ser controlados.

En las condiciones actuales es difícil determinar cuánto aguantarán las empresas estatales, y los mismos administradores ya hablan de un empeoramiento de los servicios, pues se quedan sin opciones para hacer las inversiones, por lo menos para el mantenimiento de un servicio medianamente aceptable.

Si bien todos los usuarios estamos de acuerdo en que se mantengan invariables las tarifas, también hay que pensar en el futuro de estas empresas, no sea que más adelante el costo de la reparación sea mayor.

Un punto sensible en el tema de las tarifas de la ANDE es el costo a que se le vende la energía a las industrias, centros comerciales y grandes residencias que consumen gran cantidad de energía. Según los estudios, en algunos casos las tarifas están por debajo del costo al que adquiere la ANDE.

Si es así, en el nombre del pueblo, el Gobierno también debe tomar cartas en el asunto y realizar los ajustes que se consideren necesarios y no tirar toda la responsabilidad sobre los obreros, planilleros y secretarias de las empresas estatales.

El tema de las tarifas trascendió más de los números. Se habla que tas la postergación del ajuste ahora se vienen cambios en la empresa proveedora de energía eléctrica. Tampoco se descarta que debido a la disparidad de posturas dentro del entorno presidencial, en los próximos días se den cambios de ministros en importantes carteras.

Esperemos que las decisiones que tome el Ejecutivo sean para bien del pueblo.

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